Tras las críticas de los sindicatos, las mismas fuentes han indicado que este artículo entraría en vigor tras la aprobación de los Presupuestos y sólo afectaría a los contratos que se realicen a partir de esa fecha, de manera que "no tendría efectos retroactivos para los empleados públicos temporales cuyos contratos están actualmente en vigor".
Desde Hacienda recuerdan que es responsabilidad de la Administración del Estado reducir el exceso de temporalidad existente en la actualidad, pero también "tomar las medidas necesarias" para evitar que se vuelva a producir en el futuro.
"En ese contexto hay que entender el contenido del artículo 19.2 de los Presupuestos, que señala que las nuevas contrataciones que se produzcan a partir de ahora en la Administración no podrán tener una duración mayor de tres años, reiterando lo que ya establecen el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público", añaden.