El acuerdo se ha producido en la reunión que una delegación de la Consejería andaluza, encabezada por su viceconsejero, Luis Nieto, y el secretario general de Innovación, Vicente Fernández, han mantenido en Madrid con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
Los representantes de ambas administraciones han comparecido conjuntamente ante los periodistas, tras el encuentro que se ha producido después de que el Consejo de Ministros autorizase el pasado viernes la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Decreto-Ley andaluz que permite la reapertura de la mina de Aznalcóllar así como la presentación de un conflicto positivo de competencias contra la convocatoria del concurso internacional activado por el Gobierno andaluz el pasado mes de enero.
El recurso produjo una oleada de reacciones en su contra y Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla, ayuntamientos, empresarios y sindicatos han instado al Ejecutivo a retomar el diálogo e impedir que el recurso siga adelante y paralice el concurso internacional, lo que conllevaría "nefastas" consecuencias para el empleo y la inversión.
La Junta estima que la reapertura de la mina generará 500 puestos de trabajo en una zona donde el paro alcanza el 30%. La mina tiene unas reservas de 35 millones de toneladas de cobre, plomo y zinc.
Cabe recordar que la mina de Aznalcóllar (Sevilla) fue clausurada después de que en 1998, la balsa de residuos de metales asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufriese una fractura con el consiguiente vertido masivo de lodos tóxicos al área de influencia del río Guadiamar. Los vertidos rozaron el Parque Nacional de Doñana.