Gerardo Díaz Ferrán ha declarado durante una hora ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. También ha comparecido Ángel de Cabo, que compró Marsans a través de la empresa Posibilitum y que apenas ha estado unos minutos en el despacho del juez al acogerse a su derecho de no declarar.
El juez Velasco instruye este procedimiento a partir de una denuncia presentada en febrero pasado por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia.
En la operación también han sido detenidos Iván Losada Castell, consejero delegado de Nueva Rumasa; la secretaria de este último, Susana Mora; y Teodoro Garrido, cuñado de De Cabo.
Paraísos fiscales
El juez investiga si Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, que falleció en junio pasado, utilizaron las empresas de De Cabo para evadir el patrimonio de Marsans a paraísos fiscales y no pagar las deudas con los acreedores, que las mayoristas denunciantes cuantifican en 45 millones de euros.
Para investigar el rastro de las posibles transacciones financieras y determinar si los detenidos tienen activos inmobiliarios en el extranjero, el juez tiene previsto cursar comisiones rogatorias a Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia. De igual modo, se estudia si Díaz Ferrán y Pascual llevaron a cabo la cesión ficticia de bienes muebles a Posibilitum.
Los investigadores también creen que Díaz Ferrán trató de ocultar a través de una sociedad interpuesta la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York por los que pagó, respectivamente, 7,8 y 2,7 millones de dólares; un chalet en Calviá (Mallorca) y un yate de 27 metros de eslora llamado 'Leuqar'. El 5 de junio pasado el juez Velasco ordenó el bloqueo del yate, que estaba atracado en el puerto de Barcelona, para evitar un intento de traslado de la embarcación fuera del territorio de la Unión Europea (UE).
Además, Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado, habría donado antes de morir a sus cuatro hijos sus participaciones empresariales en tres empresas propietarias de varias fincas de caza en Toledo.
Los denunciantes acusaban a Díaz Ferrán y su socio de llevar a cabo "un deliberado, sistemático, doloso y perfectamente planificado proceso de alzamiento y ocultación apresurada de sus bienes personales con la finalidad de intentar eludir sus innumerables e importantísimas obligaciones de pago con respecto a sus acreedores".
Declaración junto a Blesa
Pero antes, el expresidente de la CEOE tendrá que declarar, junto a el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, como imputados ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid José Silva por la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros al empresario cuando era consejero de la entidad.