El secretario general de Infraestructuras de Fomento, Manuel Niño, avanzó que pronto se conocerá la solución definitiva para estas autopistas, dado que las negociaciones entre los Ministerios de Fomento y de Hacienda, las concesionarias de las autopistas y sus bancos acreedores están "suficientemente avanzadas".
En cualquier caso, el objetivo prioritario del Gobierno ante el rescate de las autopistas es "que el impacto en el bolsillo de los ciudadanos sea nulo y que el impacto en el déficit el menor posible", aseveró el alto cargo de Fomento en la Comisión de Fomento del Congreso.
El secretario general de Infraestructuras respondió a las preguntas los diputados Rafael Simancas (PSOE) y Ascensión de las Heras (Izquierda Plural), ambos de la Comunidad de Madrid, sobre las medidas del Gobierno para solucionar los problemas de las autopistas.
COSTE DE LIQUIDAR
En su respuesta, Niño indicó que una de las opciones sería liquidar las empresas concesionarias mediante un procedimiento negociado.
No obstante, indicó que ello supondría al Estado unos 4.800 millones de euros, más el coste de hacerse cargo de este servicio. Este importe deriva del hecho de que el Gobierno estaría obligado a incautarse de las fianzas de explotación, "si considera que hay defectos constructivos o falta de conservación", que suponen 128 millones de euros, y de las fianzas de construcción (180 millones de euros).
Además, habría que pagar unos 1.250 millones de euros de las expropiaciones que aún están pendientes, liquidar las inversiones ejecutadas por el concesionario en terrenos, obras e instalaciones, y deducir la cuota de amortización acumulada en los años que lleve en funcionamiento cada carretera.
VENTAJAS DE LA SOCIEDAD PÚBLICA
Por contra, el alto cargo de Fomento argumentó que la constitución de una empresa pública de autopistas como la que existía en los años ochenta presenta "algunas ventajas frente a los procesos complejos" de liquidación de las concesionarias.
Así, indicó que no computaría en déficit, "que constituye una de las preocupaciones fundamentales del Gobierno" y se "aseguraría la viabilidad del sistema con un coste nulo a medio plazo para la Administración General del Estado" y, por tanto, para los contribuyentes".
En virtud del modelo en el que actualmente se trabaja, las autopistas pasarán a formar parte de empresa participada mayoritariamente por el Estado, pero con participación de los actuales accionistas de las concesionarias.
No obstante, habría que "negociar la reestructuración de los créditos existentes, así como la apertura de líneas de financiación para el pago de las expropiaciones y de parte de las obras pendientes".
"En función del resultado de las negociaciones actuales y de la respuesta definitiva de concesionarias, accionistas y entidades financieras, se podría clarificar este escenario frente al de la liquidación de las sociedades", aseguró el secretario general de Infraestructuras.
"En todo caso, la creación de una empresa nacional de autopistas se haría para hacer viables las autopistas y que luego puedan volver al sector privado, el lugar natural donde tienen que estar las empresas concesionarias", añadió.
"¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?"
Niño recordó que el origen de los problemas de estas vías son fundamentalmente los sobrecostes de las expropiaciones de terrenos y la desviación de los tráficos respecto a los proyectados.
Respecto a las expropiaciones, detalló que sumaron un total de 2.300 millones frente a la estimación inicial de coste de 400 millones de euros, un encarecimiento que, a su juicio, se podría haber evitado si "el Gobierno socialista hubiera recurrido dichas decisiones".
En cuanto al número de usuarios, los tráficos reales de las vías han sido un 45% inferiores a los estimados, algo que Niño achaca a la crisis económica.
Finalmente, señaló que las medidas "tardías y claramente insuficientes" que puso en marcha el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cuando comenzaron los problemas en las autopistas (los préstamos participativos y las cuentas de compensación) no permitieron "resolver los problemas estructurales" de las vías, "que desde entonces han continuado empeorando. "Por lo que el Ministerio de Fomento ha decidido medidas que suponen una reforma estructural de todo el sector", remarcó.
HISTORIA DE UN DESPROPÓSITO
El portavoz socialista en la Comisión, Rafael Simancas, considera no obstante que la actual situación es "la historia de un despropósito, sobre todo en el caso de las radiales de Madrid, que nacieron fruto de una planificación técnica y económica poco rigurosa" --con trazados "absurdos", costes de expropiación "desmesurados" y previsiones de tráfico "disparatadas"--, y que pretende cerrarse de una manera lesiva para el interés público".
Así, ha defendido la puesta en marcha por parte del anterior Gobierno de préstamos participativos y cuentas de compensación con cargo a beneficios futuros para "sostener en el corto plazo" a las concesionarias, mientras se trataba de "hacer una gran reconversión del sector en el medio y largo plazo, "reordenando las empresas para crear paquetes de concesiones más viables y rentables".
"Había un dibujo más o menos hecho, pero cuando el PP accedió al Gobierno decidió, legítimamente, acometer su propia estrategia. Pero han pasado dos años sin solución alguna y ahora se nos avanza una salida en clave bolivariana", ha ironizado, subrayando que la intención de Fomento es crear "un banco malo público" de carreteras.
A su juicio, esta estrategia es "un tanto perversa" ya que mientras se "privatiza lo rentable" (AENA), se "socializa lo que más pérdidas tiene" que son las autopistas de peaje. "No es una buena idea", ha advertido, recordando que esta solución supondrá la "asunción por parte del Estado de la deuda" de las concesionarias más el pago de "entre 350 y 400 millones de euros a las empresas, no se sabe en compensación de qué".
"No nos parecería aceptable una solución que suponga un euro de dinero público. Tampoco aceptaríamos que la solución pasara por un aumento del déficit público que conllevaría más sufrimiento y riesgo para la recuperación económica. No nos parecería razonable cobrar peajes y más altos en todas las autopistas. Y tampoco nos parece buena idea incrementar los límites de velocidad para mejorar su uso", ha señalado Simancas.
Por eso, sigue apostando por una "gran reconversión" para "reordenar" todas las concesiones de autopistas de peaje, opción que a su entender sería "viable con sacrificios de todas las partes".
No obstante, si se decide seguir adelante con la creación de una empresa pública, los socialistas han registrado una proposición no de ley planteando que "la sociedad se beneficie en algo" de esta medida. En concreto, proponen liberar esas autopistas de los peajes, al menos en los momentos de mayor congestión de tráfico o para vehículos de alta ocupación o de transporte público. "Que los ciudadanos obtengan algún beneficio si el Estado finalmente se hace cargo de este desastre", ha concluido.