Entre estas medidas, De la Serna avanzó un cambio en el actual reparto de riesgos entre la empresa concesionaria y el Estado, fundamentalmente los relacionados con los costes de las expropiaciones, precisamente uno de los motivos de la actual quiebra de las autopistas.
Asimismo, pretende que el Estado pueda plantear recursos de "lesividad" cuando los importes de estas licitaciones se consideren "excesivos".
Además, el ministro promoverá una mejora en los proyectos de las infraestructuras que se construyan y exploten en régimen de concesión. En este sentido, abogó por que los proyectos pasen por la Oficina Nacional de Evaluación del Ministerio de Hacienda, organismo que se encargará "de determinar la conveniencia de que se lleve o no a cabo un proyecto".
"Se trata de articular nuevos instrumentos normativos que permitan que las situaciones de falta de rentabilidad o desequilibrio económico-financiero de las concesiones repercutan lo menos posible al Estado y al conjunto de los ciudadanos", anunció de la Serna en su comparecencia en el Congreso.