La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha planteado este martes en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso restringir a personas en situación de desempleo durante más de dos años o que lleven un año sin recibir ninguna prestación la ley de ingresos mínimos, y ampliarla posteriormente una vez se compruebe que es sostenible.
Durante su comparecencia para ofrecer su análisis sobre esta proposición de ley que tramita la Cámara Baja, el subdirector de esta institución, José Ignacio Conde Ruiz, ha criticado que universalizar este tipo de rentas eliminaría incentivos al trabajo y tendría un coste de oportunidad en un momento en el que, ha dicho, "la crisis fiscal no está resuelta".
Además, ha señalado que el coste de la prestación se incrementaría, teniendo en cuenta que, ante "la llamada de la prestación" habría un colectivo estimado de 1,3 millones de personas inactivas que no buscan empleo y que, ha dicho, "se apuntarían". Esto, según los cálculos manifestados por Fedea, elevaría el coste de poner en marcha la prestación hasta los 17.000 millones de euros.
"LA SITUACIÓN NO ES TAN BOYANTE"
"Me gustaría vivir en un mundo con recursos ilimitados, pero tenemos que mirar la situación de España y la crisis fiscal, que en España no está resuelta", ha dicho, argumentando que "la situación de las finanzas públicas no es tan boyante como para estirar el Presupuesto de forma ilimitada".
Durante su intervención, Conde Ruiz ha abogado por introducir un impuesto negativo sobre la renta para, en caso de implantar la prestación, que un empleo no sustituya plenamente la ayuda económica --de esta forma el incentivo para trabajar sería mayor-- y vincular la prestación a la búsqueda activa de empleo.
En este sentido, ha llamado a controlar y elevar las exigencias en la búsqueda de empleo, incrementando las sanciones a las personas desempleadas que rechacen un puesto de trabajo ofrecido por los servicios públicos de empleo o un curso de formación.
"Si rechaza un empleo porque no lo considera adecuado... Esto no debería ser así. Deberían obligarle a cogerlo, igual que los cursos de formación. No puede ser que diga que no va. Las sanciones deberían ser mucho más que las que tenemos", ha aseverado.