El Refor-CGE acudió a una reunión internacional del FMI y el Ministerio de Economía para aportar su visión sobre las posibles soluciones de mejora del ámbito de las insolvencias en España.
En su opinión, en estas soluciones alternativas no es obligatorio que acudan la Hacienda Pública ni la Seguridad Social, puesto que "pueden dificultar alcanzar soluciones, especialmente en el caso de las pymes", que concentran el mayor porcentaje de crédito público.
En la reunión, el organo destacó que "esta situación que es tan privilegiada del sector público no se da en otros países, como Reino Unido o EEUU, y expresó que "es fundamental" que se suprima o se limite que las deudas de la Seguridad Social se transmitan en las ventas de unidades productivas.
De este modo, defiende que si se concediera por parte de las administraciones públicas más flexibilidad, "se conseguiría salvar más empresas, lo que redundaría en mayores ingresos fiscales y de la Seguridad Social a medio plazo".
Respecto a los acuerdos de refinanciación, los economistas reconocieron que fue "un aspecto positivo" en la reforma concursal 2014-2015 como solución alternativa al concurso.
Sin embargo, pusieron de manifiesto que los datos muestran una reducción de los acuerdos de refinanciación homologados del 58% en enero de este año y del 4% a lo largo del anterior, lo que consideraron una prueba de que "no resultan tan atractivos para las empresas", por lo que pidieron que se impulsen medidas para estimularlos y mejorarlos.
Otra propuesta presentada al FMI fue la de promover la mediación concursal entre las empresas, ya que solo el 4% corresponden a personas jurídicas, con medidas como la inclusión del crédito público y menos formalidades, la reducción del tiempo de exoneración del pasivo de cinco a tres años y su extensión a los avalistas y fiadores.
Además, el Refor-CGE recordó la necesidad de realizar un estudio de eficiencia en los Juzgados y reclamaron mayor dotación de recursos y la implantación efectiva de Lexnet en el ámbito de la administración concursal para estimular la Justicia digital.
Por último, señalaron que los concursos de acreedores se han convertido en "un procedimiento demasiado jurídico y procesal" que le hace ser "lento y poco eficaz", por lo que reivindicaron la necesidad de disponer de una perspectiva más económica-empresarial que contribuya a adelantar los concursos y evitar que más del 95% de ellos acabe en liquidación.