Esta podría ser otra de las semanas negras de la economía española. Si bien el jueves el Gobierno aprobaba un paquete de medidas que pretendían relajar los mercados y con ello se suponía una bajada de la prima de riesgo, esto no se cumplió. La prima llegó a su máximo histórico de 612 puntos y la Bolsa cayó un 5,82%. Además el viernes la Comunidad Valenciana pedía adherirse al fondo de liquidez para comunidades autónomas.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, negaba este viernes que la petición de la Comunidad Valenciana de acceso al fondo de liquidez para comunidades autónomas suponga "una intervención", aunque sí ha explicado que deberá hacer frente a nuevas condiciones.
Montoro ha confirmado que la Comunidad ha solicitado al Gobierno la adhesión al mecanismo de liquidez autonómica aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del pasado 13 de julio para "hacer frente a los vencimientos de deuda en 2012" y, además, poder "atender el pago de otros proveedores, entre ellos las farmacias y muchos otros".
Sin embargo, ha explicado que "no es ningún tipo de intervención", si no que se ha acogido formalmente al mecanismo refrendado por el Congreso esta misma semana. Esto, "obviamente", obliga a la Comunidad Valenciana a nuevas condiciones para tener acceso a esa liquidez, ha dejado claro Montoro.
De esta forma, la Comunidad Valenciana se ha convertido en la primera autonomía en solicitar al Ejecutivo la adhesión al mecanismo de liquidez autonómica, según ha acordado el Gobierno valenciano en la reunión del pleno del Consell celebrada en Altea (Alicante).
La Comunidad Valenciana será la primera pero no la única
Pero la Comunidad Valenciana no sería la única a `rescatar´ por el Estado. El conseller de Economía, Industria y Comercio de la Comunidad Valenciana , Máximo Buch, se ha mostrado convencido de que muchas comunidades se adherirán al mecanismo de la liquidez autonómica aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del pasado 13 de julio, ya que considera que es el instrumento "más sensato".
Buch ha realizado estas declaraciones en entrevista al programa 'En Casa de Herrero', de esRadio, después de que la Comunidad Valenciana se haya convertido en la primera autonomía que solicita al Gobierno central la adhesión al mecanismo de liquidez autonómica para hacer frente a los vencimientos de deuda en 2012 y poder atender el pago de otros proveedores.
La única condición para la Comunidad Valenciana será cumplir con el déficit. Según Bunch nadie les ha informado aún de lo que tienen que hacer “sólo han dicho que tenemos que llegar al 1,5 por ciento", ha indicado Buch. Asimismo, ha añadido que "lo que es nuevo es que el año que viene el déficit pasa del 1,1 al 0,7 por ciento", ha explicado en alusión a los acuerdos del último Consejo de Política Fiscal y Financiera.
"No tenemos nada que ocultar"
Sobre el control que se impondrá sobre las cuentas valencianas, el conseller ha dicho que "eso es lo mejor para ver que todas las autonomías cumplen. Nosotros no tenemos nada que ocultar". Tampoco se ha mostrado preocupado por el hecho de haber sido la primera comunidad en pedir esa ayuda: "Tenemos consejo de gobierno los viernes y uno de los requisitos de este mecanismo era aprobarlo en consejo de gobierno. Lo hemos hecho el día en que nos tocaba. Estoy convencido de que a lo largo de la semana que viene se adherirán más autonomías porque es lo más sensato".
¿Por qué han pedido el rescate?
Según Máximo Bunch la Comunidad Valenciana "tiene ingresos suficientes para nóminas y gastos corrientes, pero hay gastos atrasados en su pago", así como "serias dificultades de financiación propia". El dinero, según Bunch, servirá para "hacer frente a los vencimientos de deuda en 2012" y, además, poder "atender el pago de otros proveedores, entre ellos las farmacias y muchos otros".
Por todo esto, ha explicado, la Comunidad se ha adherido primero a las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), luego al plan de pago a proveedores y ahora al nuevo fondo de liquidez. "Tenemos que reconocer que desde que está el Gobierno de Rajoy, las cosas están mucho mejor para nosotros. Vamos cubriendo nuestras necesidades", ha resaltado.
Máximo Buch ha cifrado en unos 400 millones el ajuste que tiene que hacer su comunidad ante la nueva cifra de déficit. A su juicio, "a pesar de lo doloroso que es, los ciudadanos lo entienden".
En rueda de prensa, el vicepresidente del Consell, José Císcar, ha informado de que han asumido "voluntariamente" el compromiso de "enviar mensualmente información al Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General, de la ejecución del plan de ajuste" aprobado en abril por el Consell y por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para evitar que exista "la menor duda" sobre la "buena disposición" de la Comunitat.
El vicepresidente del Consell ha recordado que este fondo cuenta con un máximo de 18.000 millones de euros para 2012, está gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y financiado por el Tesoro y que, además, será parcialmente dotado a través de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado por importe de 6.000 millones.
España al borde del rescate europeo
La solicitud de adhesión de la Comunidad Valenciana al mecanismo de liquidez autonómica llegaba este viernes cuando la prima de riesgo española alcanzaba su máximo histórico de 612 puntos básicos y la Bolsa caía un 5´82%, su mayor desplome desde 2010.
Con esta situación vuelven los rumores sobre un posible rescate a España. Este viernes los ministros de Economía de la eurozona aprobaban el rescate a la banca española con 100.000 millones de euros, de los cuales 30.000 millones estarían disponibles a finales de julio.
El jueves el Gobierno aprobaba en solitario el mayor recorte presupuestario de la democracia que incluía medidas como la subida del IVA, la supresión de la paga extra de Navidad a los empleados públicos y el recorte de la prestación por desempleo a partir del sexto mes.
Pero todo esto no tranquiliza a los mercados ni tampoco al pueblo español. Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), junto con la Plataforma Social en Defensa del Estado del Bienestar y de los Servicios Públicos y otros colectivos sociales y organizaciones sindicales convocaban más de 80 manifestaciones para expresar su rechazo a estas medidas y conseguían congregar a 800.000 personas, según los convocantes y 40.000 según la Delegación del Gobierno.