La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda replantear la figura de los consejos reguladores de las Denominaciones de Origen (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de ámbito territorial supraautonómico y sus funciones.
En concreto, la CNMC ha publicado un informe sobre un proyecto de real decreto que desarrolla las DOP e IGP, ya que considera que este sector muestra una creciente importancia en número de productos protegidos y, especialmente, en su valor económico.
Competencia ha detectado en el modelo de DOP e IGP una serie de restricciones a la competencia tanto en el proyecto de real decreto como en la Ley que éste desarrolla, que no fue remitida para informe.
Entre las recomendaciones que realiza la CNMC, desde la óptica de la promoción de la competencia y la regulación económica eficiente, figura la de replantear la figura de los consejos reguladores y sus funciones, en especial su posible atribución de personalidad jurídica pública.
Competencia cree que las amplias facultades que otorga la ley y el propio reglamento a los consejos reguladores suscita importantes restricciones a la competencia. En particular, respecto a la entrada de nuevos operadores, a su capacidad de competir, al acceso a información comercialmente sensible y al establecimiento de límites a la producción y transformación o la autorización de cualquier aspecto de coyuntura anual que pueda influir en estos procesos.
Además, recomienda ajustar el modelo de control previsto a las recomendaciones sentadas por la autoridad de competencia y de la propia Comisión Europea para asegurar en todo caso la separación de las funciones de gestión y de control de la DOP/IGP, y eliminar la atribución en exclusiva, sin condicionamiento alguno, del control oficial a una única entidad.
La CNMC aboga por adoptar un modelo de control oficial que cuente con un "proceso abierto, concurrente, competitivo y transparente" de acceso a la condición de organismo de control delegado, así como la eliminación de la atribución en exclusiva, "sin condicionamiento alguno", del control oficial a una única entidad, ya sea la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) o al consejo regulador.
El órgano presidido por José María Marín Quemada recomienda fundamentar conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad el régimen general que las DOP e IGP plantean, incluida la propia existencia y la naturaleza jurídica pública de los consejos reguladores, así como de cada de una las medidas establecidas en ejecución de dicho régimen general y sustituir las menciones al órgano de acreditación ENAC por menciones genéricas a una entidad nacional para garantizar la no discriminación con entidades de acreditación de otros países de la UE.