En concreto, la firma ha sido sancionada con 365.000 euros por cuatro infracciones muy graves. La compañía deberá abonar 200.000 euros por no haber informado a sus clientes adecuadamente sobre los conceptos por los que les ha cobrado una comisión de asesoramiento de forma no ocasional y otros 60.000 euros por carecer de un registro de recomendaciones que cumpla con las obligaciones de integridad, facilidad de acceso y reconstrucción, así como de imposibilidad de manipulación.
Además, la firma ha sido multada por no contar con una unidad de cumplimiento normativo que actúe con independencia respecto a las áreas de prestación de servicios de inversión (60.000 euros) y por no tener una estructura organizativa clara, adecuada y proporcionada al cáracter, la escala y la complejidad de sus actividades y con unas líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes (45.000 euros).
Por esta última infracción muy grave también han sido multados Verónica Arranz Sánchez y Jesús Pérez Pérez, administradores mancomunados de la entidad, con 60.000 euros cada uno, y Daniel Puerta Arranz, apoderado general de la firma, con 70.000 euros.
Esta resolución es firme en la vía administrativa, pero cabe presentar recursos que serán competencia de la Sala de los Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.