Según indica el organismo, todo ente público debe realizar una asignación equitativa de los recursos públicos, de forma que su programación y ejecución respondan a criterios de eficiencia y economía.
"La concesión de ayudas públicas constituye una forma de intervención del sector público en la economía que, si se utiliza de forma innecesaria o desproporcionada, puede alterar el funcionamiento de los mercados, introduciendo distorsiones e ineficiencias en contra de la competencia", añade.
Por esta razón, la CNMC considera que "la evaluación de las ayudas es fundamental", y avisa de que "se han detectado algunas carencias en el conocimiento y en la transparencia de los principios reguladores" de su concesión y, en especial, en su evaluación 'ex ante' y 'ex post'.