Esta figura fue introducida en el marco laboral a raíz de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización de 2013, y evita que las personas físicas respondan de sus deudas con su vivienda habitual bajo determinadas condiciones.
Sin embargo, según recoge la formación naranja en una pregunta registrada por su diputado Rodrigo Gómez García, menos de cien personas se han acogido a ella, a pesar de que en España existen más de tres millones de trabajadores autónomos.
Ciudadanos achaca el escaso éxito a los requisitos para poderse acoger a la misma, al procedimiento para inscribirse y a "los escasos beneficios" que, a su juicio, esta figura aporta.
En su pregunta, el grupo pide la valoración del Ejecutivo en funciones sobre el uso de esta figura, qué causas pueden estar detrás de esa "irrisoria" utilización, si piensa que puede ser una figura mejorable y si ha estudiado una posible modificación.