En una nota, el sindicato explica que la demora de más de seis meses sobre el calendario previsto se debe a las "dificultades" de gestionar una convocatoria que contó con la oposición de los agentes sociales por la "falta de claridad" de sus propuestas y la "innecesaria burocratización" de sus procedimientos.
"Tal vez a causa de que sus pésimos resultados han confirmado que la oposición de empresarios y sindicatos era más que sensata, el SEPE y la Fundae han ocultado a comunidades autónomas y agentes sociales datos básicos de la valoración técnica y resultados de esta convocatoria", ha señalado.
No obstante, CCOO lamenta que con la información disponible se observa que un 26% de los sectores, que contaban con 6 millones de euros asignados, se han quedado sin formación, al no haber concurrido entidades a la subvención.
Además, el 48% de los sectores pierden casi 50 millones que no se han podido adjudicar por falta de solicitudes o por la baja calidad de las mismas, debido a que las consultoras que concurren a la convocatoria eligen los cursos más baratos y menos especializados para obtener mayor rentabilidad y no concurren en los sectores que requieren formación especializada, según CCOO.
ESCASA FORMACIÓN PRESENCIAL
La secretaria confederal de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO, Lola Santillana, ha denunciado "la conversión de una política pública en un negocio privado a través de la ley 30/2015 ha producido las más altas cotas de desigualdad de oportunidades en el acceso a la formación.
Para el sindicato, la concurrencia competitiva abierta a centros y el rechazo a la participación y colaboración de los agentes sociales, han fragmentado el mapa sectorial de la formación y "muchos trabajadores han perdido, en la práctica, el derecho a mejorar su cualificación accediendo a cursos especializados de su sector".
De igual forma, ha advertido de que el 83% del alumnado tendrá que seguir cursos online, frente al 46% que lo hizo en la última convocatoria (2014).
En este sentido, recuerda que esta modalidad requiere unos conocimientos digitales de los no disponen los colectivos de mayor edad y menor nivel de cualificación, lo que "acentúa aún más la desigualdad en el acceso a los recursos formativos".
Según CCOO, su predominio en la convocatoria no se debe a razones pedagógicas, sino a que resulta más rentable y fácil de gestionar por las entidades privadas.
En cuanto a la formación acreditable, únicamente el 6% de las personas participantes va a realizar acciones formativas dirigidas a obtener un reconocimiento o acreditación oficial. Con respecto a las entidades beneficiarias, destaca el elevado grado de concentración de la financiación en muy pocas de ellas.
DESIGUAL DISTRIBUCIÓN
"Se ha producido una muy desigual y polarizada distribución de las ayudas, que conlleva un riesgo importante para las arcas públicas, pues son siete u ocho grupos de empresas formación los que reciben y gestionan gran parte de los fondos", según afirma el adjunto a la secretaría confederal de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO, Francisco Moreno.
En concreto, 54 entidades habrían obtenido más de 100 millones, lo que supone que cada una de ellas gestiona una media de casi dos millones de euros. Una quincena participan en más de 20 planes de formación cada una, y dos entidades van a impartir formación en más de 50 planes cada una de ellas.
La organización sindical afirma que estas entidades no tienen instalaciones propias para ofrecer ese volumen de cursos, sino que, mediante la llamada "encomienda de gestión", acuerdan con pequeñas academias la cesión de locales, materiales o de plataformas digitales para la realización de los planes.
Por ello, CCOO reclama transparencia en la gestión de las ayudas, la participación real de empresarios y sindicatos en el Gobierno de la formación para el empleo y la modificación del actual marco normativo "mercantilista" de asignación de fondos.
"La privatización impulsada por el Partido Popular nos ha situado de nuevo a la cola de Europa, pasando, entre 2012 y 2016, de un porcentaje de participación del 11,4%, ligeramente superior a la media comunitaria, al 9,4%, que nos aleja del objetivo europeo de alcanzar una participación 15% en 2020", ha añadido.