La dirección de la entidad nacionalizada también ha planteado ajustes para la plantilla que se mantenga tras el ERE, como una reducción del 15% del sueldo, movilidad geográfica y reducciones de jornada, lo que permitiría aumentar la indemnización para los despedidos de las 12 mensualidades previstas inicialmente hasta 18.
La entidad prevé el cierre de unas 450 oficinas, entre las que predominan las 300 que tiene fuera de Cataluña y que la entidad prevé haberlas cerrado o vendido al término de 2014, mientras que las cerca de 150 restantes se ubican en Cataluña y prevé cerrarlas en un periodo de tiempo más escalonado.
Una "ofensa" para la plantilla
Fuentes sindicales han considerado en declaraciones a Europa Press que esta propuesta supone una "ofensa" para la plantilla, ya que ofrece el mínimo legal, mientras que fuentes de la dirección de la entidad han señalado que la de este martes ha sido una primera reunión para acercar posturas y han declinado hacer valoraciones.
Los trabajadores han explicado que el acuerdo con Bruselas prevé que la reestructuración se lleve a cabo hasta 2017, por lo que han criticado que se pretenda hacer cuando hay un proceso de venta de la entidad en marcha.