Bruselas ha explicado que ninguno de los tres países ha notificado sus medidas para aplicar la directiva y ha subrayado que podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TUE) si no lo hacen en un plazo de dos meses. Los Estados miembros tenían que trasponer estas reglas comunitarias como muy tarde el 6 de diciembre de 2016.
El Ejecutivo comunitario ha señalado que la información financiera y no financiera permite que los accionistas y otras partes interesadas tengan una visión "significativa y exhaustiva" de la posición y los resultados de las sociedades.
En concreto, la normativa que España aún no ha trasladado a la legislación nacional obliga a las entidades de interés público que sean matrices de un grupo y que superen los 500 empleados a incluir en el informe de gestión consolidado un estado no financiero con información sobre cuestiones medioambientales y sociales, así como sobre el personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno.