El Ejecutivo comunitario ha enviado un dictamen motivado a las autoridades españoles en el que reclama un cambio en las reglas sobre activos en otro Estados miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo, el denominado 'Modelo 720'.
Así, Bruselas reconoce el derecho que tienen para exigir a los contribuyentes información sobre los activos que poseen en el extranjero, pero considera que las sanciones que se prevén en caso de incumplimiento son "desproporcionadas".
En concreto, Bruselas explica que estas normas pueden disuadir a empresas o individuales de "invertir o moverse dentro del mercado único", dado que las multas previstas son "mucho más elevadas" que las que se aplican en una situación "puramente nacional".
"Estas provisiones son en consecuencia discriminatorias y están en conflicto con las libertades fundamentales de la UE", remarca la Comisión Europea en un comunicado, en el que añade que "ante la ausencia de una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podría llevar a las autoridades españolas ante el Tribunal de Justicia de la UE".