El ultimátum tiene la forma de un dictamen motivado, en el que se advierte al Gobierno español de que si no responde satisfactoriamente a las medidas exigidas en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).
El Ejecutivo comunitario ha aclarado que las autoridades españolas han cumplido con "parte" de la transposición de las reglas europeas en materia de espacio ferroviario, pero advierte de que las medidas notificadas "no parecen completas" por lo que se le da un nuevo plazo al país para concluir el proceso.
El objetivo de la directiva en cuestión es garantizar el acceso asequible y no discriminatorio de todas las empresas del sector a la infraestructura ferroviaria, según ha recordado Bruselas en un comunicado.
Entre las claves de la norma destaca el refuerzo de los organismos reguladores independientes, al introducir el derecho a controlar la estructura y nivel de cánones y las modalidades de acceso a las instalaciones de servicio (como las terminales y las estaciones).
También les abre la puerta a realizar auditorías de las cuentas de los administradores de infraestructuras, de las empresas ferroviarias y de los operadores de instalaciones de servicio.
Además se exige a los Estados miembros que garanticen que los administradores de infraestructuras cooperan sobre determinadas cuestiones relativas a la adjudicación de capacidad y la fijación de cánones que afectan al transporte internacional.