Vidal, que asistirá la tarde de este martes a la reunión convocada por Fomento para abordar el asunto, ha defendido en declaraciones a los medios que las licencias no sean transferibles a privados, que la administración pública tenga derecho de tanteo y retracto para recuperarlas, y que los municipios validen las licencias con un informe de movilidad y ambiental.
Así, ha abogado por que los ayuntamientos sean los que den el "visto bueno" de las nuevas licencias con este informe ambiental y evaluando las consecuencias que éstas pueden tener sobre la movilidad, y por que la administración pública pueda comprarlas en lugar de que se puedan transferir entre privados y que empresas se aprovechen para desregularizar el sector.
El Ministerio "es quien tiene las competencias efectivas para combatir la desregulación del taxi que supone la incorporación de 10.000 licencias", ha advertido Vidal, quien ha asegurado que los municipios pueden desarrollar tareas como la inspección, algo que la ciudad ya hace con el trabajo activo de los cuerpos de seguridad, ha garantizado.
"Debemos actuar con todas las herramientas jurídicas que estén a nuestro alcance", ha sostenido Vidal, quien ha abogado por impulsar medidas de control más allá de las inspecciones, y ha insistido en que el Ayuntamiento y el Institut Metropolità del Taxi (Imet) ya las están realizando.