El Consejo General de Economistas cifra en 25.648 millones de euros la pérdida de recaudación derivada de la economía sumergida en España, que alcanza el 16% de la actividad total, lo que supone unos 168.000 millones, y ha realizado una veintena de propuestas para combatirlo, entre las que figura la mejora de la forma de trabajar de la Agencia Tributaria con la posibilidad de aprobar un estatuto para el organismo y facilitar las regularizaciones "espontáneas".
Así figura en el estudio 'Reflexiones sobre el fraude fiscal y el problema de las estimaciones" del CGE, que incluye 20 propuestas para reducirlo y ha sido presentado por el presidente del CGE, Valentín Pich, quien ha destacado que todos los informes demuestran que la economía sumergida y la pérdida de recaudación derivada por el fraude fiscal en España está "en línea con la mayoría de países de nuestro entorno".
Pich ha detallado que la economía sumergida en España representa alrededor del 16% del total, lo que supone unos 168.000 millones de euros o 102.593 la cifra ajustada, lo que representa una pérdida de recaudación de 25.648 millones de euros.
En este sentido, El CGE recuerda que algunos estudios cifran la economía sumergida en España en más de 200.000 millones de euros y otros consideran que supera por poco los 120.000 millones de euros y que la recaudación perdida está en torno a los 40.000 millones de euros.
Según Pich, en el fraude fiscal inciden aspectos inmateriales, como la educación de la ciudadanía, la eficiencia en el gasto o el ejemplo de los responsables políticos, y otros más tangibles, como la fortaleza de las agencias tributarias, las consecuencias de las comprobaciones administrativas o de la regularización para declaraciones fuera de plazo, la claridad normativa o la estabilidad de las normas y de los criterios interpretativos.
El economista y coautor del estudio, Jesús Quintas, ha explicado que hay un problema de definición y de detección, ya que ni los expertos se ponen de acuerdo para definir el concepto de fraude fiscal, si bien la economía sumergida es un "concepto económico" y es algo "oculto" pero puede no generar una repercusión en recaudación significativa, mientras que el fraude fiscal es un concepto jurídico y supone el incumplimiento de las normas de aplicación de los tributos y es "muy difícil de captar por las estadísticas".
PROPUESTAS CONTRA EL FRAUDE FISCAL.
El presidente del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas, Jesús Sanmartín, ha indicado que no existen "recetas mágicas" para erradicar el fraude fiscal, por lo que hay que "adaptarse a la realidad porque es muy cambiante".
Los expertos del CGE han elaborado una veintena de propuestas para combatir el fraude fiscal, entre las que se encuentra mejorar la forma de trabajar de las agencias tributarias, instruyendo expedientes administrativos "más sólidos" y reflexionar sobre la posibilidad de aprobar un estatuto para la AEAT, así como facilitar las regularizaciones "espontáneas" de acuerdo con el régimen general previsto en la Ley General Tributaria para las declaraciones que se presentan fuera de plazo.
En este sentido, Sanmartín ha insistido en la necesidad de facilitar la regularización tributaria de los contribuyentes, con unos costes "sensiblemente inferiores" a los de la regularización por la Administración, y dando facilidades para el pago.
También propone intentar reducir los tiempos de resolución en los procesos de revisión, tutelar de manera especial a los nuevos empresarios, hacer una "rápida difusión" de criterios interpretativos y normas "claras y estables" e intensificar la relación cooperativa, propiciando que los que se adhieran a un código de buenas prácticas se responsabilicen de la validación de ciertos aspectos de autoliquidaciones presentadas por sus clientes.
A su vez, insta a mejorar la imagen de las administraciones tributarias, aumentar las actuaciones preventivas, potenciar la utilización de pago electrónicos y hacer un seguimiento especial para contribuyentes de sectores que hayan sido sometidos a importantes regularizaciones para asegurarse de un cumplimiento correcto.
Igualmente, ve necesario fijar objetivos de las administraciones tributarias a medio y largo plazo, potenciar la educación ciudadana a este respecto, potenciar la utilización de medios electrónicos e intensificar la cooperación internacional.
Por último, insta a reducir los tiempos de resolución en los procedimientos de revisión e intensificar las actuaciones especiales en actividades de economía sumergida o de fraude elevado con auxilio judicial en su caso.
DECLARACIÓN DE SOCIEDADES: HASTA 25.000 MILLONES.
Por otra parte, el CGE ha presentado también un informe sobre la declaración del impuesto de Sociedades 2016 y las novedades en 2017, que considera que la recaudación que se puede llegar a lograr de este tributo en la actualidad se sitúa entre los 20000 y los 25.000 millones de euros.
La recaudación a través de esta figura alcanzó los 21.678 millones de euros en 2016, lo que supone un incremento del 5% respecto al ejercicio anterior debido a la subida "importantísima" en pago los pagos fraccionados en grandes y medianas empresas.
En todo caso, la cifra sigue alejada del máximo alcanzado en 2007, cuando se recaudaron 44.823 millones, más del doble que en 2016.
El secretario técnico de Asesores Fiscales del CGE, Luis del Amo, ha augurado que las devoluciones por este gravamen van a ser "muy importantes" en la campaña actual, al tiempo que el vocal de REAF-REGAF del CGE, Jesús Quintas, ha indicado que las empresas con mayor parte de su actividad en España "probablemente" no tendrán un efecto muy significativo y que a las empresas pequeñas no les va a afectar, mientras que al resto de empresas que tengan participación en el exterior es probable que se haya producido un exceso en el adelanto de los pagos.