"Vamos a empezar en las próximas semanas a negociar con los sindicatos", ha apuntado el número dos de Santander durante la presentación de resultados de la entidad, que en los nueve primeros meses del año obtuvo un beneficio atribuido de 5.077 millones de euros, lo que supone un aumento del 10% con respecto al mismo periodo de 2016.
No obstante, Álvarez no ha querido anticipar ni el número de trabajadores que se verán afectados, ni la forma en la que se aplicará la reestructuración, dado que estas decisiones deben ser fruto de un acuerdo con los sindicatos, según ha dicho. Lo único que ha avanzado es que se negociará, "básicamente", una reestructuración en los servicios centrales.
"El tema de la integración de sucursales requiere la previa integración tecnológica, lo cual nos lleva al año 2019", ha recordado el consejero delegado del grupo, que se hizo con Popular el pasado 7 de junio después de que la entidad pasara por un proceso de resolución decidido por las autoridades europeas.
Los costes de reestructuración por la integración de Popular, cifrados en 1.300 millones de euros antes de impuestos, equivalen a unos 900 millones de euros con impuestos, es decir, 300 millones de euros en cada uno de los tres próximos años (2017, 2018 y 2019), ha dicho Álvarez.
Preguntado en varias ocasiones por si Santander decidirá mantener las marcas Popular o Pastor en el futuro, Álvarez ha contestado que la intención del grupo es mantener una única marca, la de Santander.
ANÁLISIS DE LAS 'JOINT VENTURES'
El 'segundo espada' del banco ha explicado que la entidad se encuentra "analizando todo" lo que tiene que ver con acuerdos y 'joint ventures' de Popular con otros socios. "En algunos casos querremos comprar lo que es 'core' y venderemos lo que no consideremos necesario para el negocio", ha señalado Álvarez, insistiendo en que las decisiones se tomarán cuando se llegue a acuerdos con los socios.
En este sentido, el acuerdo para el uso de sus cajeros que Popular y Crédit Mutuel tienen con ING, Álvarez ha señalado que se está negociando actualmente. "Estamos en conversaciones exploratorias sobre qué podemos hacer con esa red de cajeros", ha añadido.
En cuanto a WiZink, propiedad de Värde Partners en un 51% y de Popular en un 49%, el segundo ejecutivo de Santander ha señalado que alguna parte de la compañía es 'core', como las tarjetas de débito, mientras que otra parte no lo es y tiene menos interés para el grupo.
Respecto a Totalbank, Álvarez ha señalado que se trata de un "banco pequeño" situado en Florida (Estados Unidos), sobre el cual la entidad tiene abierto un proceso "que puede acabar en venta".
Por otra parte, el directivo ha señalado que la entidad ha abonado ya unos 200 millones de euros a los clientes de Popular cuya hipoteca incluía una cláusula suelo --Santander no incorporaba estas cláusulas en sus préstamos hipotecarios--, aunque no ha detallado cuántos clientes se han beneficiado de estas compensaciones.
Para el segundo ejecutivo de Santander, la participación de la entidad en el proceso de resolución y venta de Popular es "post resolución", por lo que no espera que los posibles pleitos tengan "coste" por ello. "Hemos sido un comprador en un proceso de resolución llevado por las autoridades de resolución europeas", ha recordado.
LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS LA DECIDE EL CONSEJO
Por otra parte, Álvarez ha apuntado que la política de dividendos de Santander, que contempla actualmente un 'scrip dividend' o dividendo flexible, la decide el consejo de administración.
Según ha dicho, Santander dedica un tercio de su beneficio a abonar esta retribución, otro al negocio y otro a acumular capital. En cuanto el capital requerido se alcance, el tercio correspondiente a ello deberá dedicarse a una de las otras dos partidas, pero esto lo decidirá el consejo.
Preguntado sobre el impacto de la nueva normativa europea MiFid II, Álvarez ha reconocido que "algún efecto tendrá" sobre la cuenta de resultados de Santander, pero la entidad ya está dedicada a la formación de los asesores, como requiere la norma.