En el documento se denuncian delitos de estafa a inversores, falsedad contable y administración desleal, así como falseamiento de la situación de la cartera o uso de información privilegiada dentro del consejo de administración, entre otros y se solicita una fianza para cubrir las responsabilidades civiles de la pérdida de la inversión de los accionistas perjudicados.
Además, la querella, en la que Adicae ejerce como acusación particular, se solicita citar como testigos al ministro de Economía, Industria y Cmpetitividad, Luis de Guindos, a la presidenta de Banco Santander, Ana Botín y a los representantes del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según la asociación.
Esta acción se suma a los recursos contenciosos administrativos presentados contra el Fondo de Reestruccturación (FROB) y contra la Junta Única de Resolución (JUR) en los que se ha solicitado acceso a los informes sobre los que se sustentó la resolución de Banco Popular.
Los 703 accionistas de Popular adheridos a la querella ostentan unos 9,7 millones de títulos del banco, según los datos de la asociación.