En 2008, un total de 1.912 inmuebles se presentaron a puja pública el año pasado en la Comunidad de Madrid, frente a los 1.229 de 2007. Los embargos de viviendas crecen mes a mes en favor de las subastas judiciales de inmuebles, a causa de la crisis.
Así, la Oficina Regional de Subastas Judiciales, dependiente de la Dirección General de Justicia, ha emitido 219 edictos de subastas para la segunda quincena de abril de este año. El número de consultas recibidas el año pasado en la Oficina Regional de Subastas Judiciales de la Comunidad de Madrid se ha incrementado un 9,55 por ciento respecto a 2007.
Los motivos
Las razones de la salida a subasta pública de las viviendas se deben, generalmente, a impagos de hipotecas, desavenencias entre los propietarios o deudas fiscales. Así, se aventura que su aumento se deba a la situación de crisis económica y al aumento del paro, lo que está provocando un incremento de desahucios por no sufragar las mensualidades de las hipotecas.
La Oficina Regional de Información de Subastas se encarga de orientar e informar a los ciudadanos sobre organismos o entidades competentes en la materia. La orientación jurídica, de carácter totalmente gratuito, se limita a facilitar la información precisa para la participación de los posibles interesados en los procedimientos judiciales iniciados al efecto: precio de salida, consignación, hipotecas, censos y gravámenes a que está afectos los bienes, si es que existen dichas cargas, así como cualquier otra información que por su interés deba proporcionarse.
Fianza obligatoria
Para participar en una subasta pública hay que consignar en metálico una fianza que devuelven a los que no ganan la puja y que retiene al ganador como señal del pago del resto. Esta fianza hay que consignarla previa al día de la puja.
No obstante, a pesar de que se publique el anuncio de la subasta, no es seguro que finalmente se lleve a cabo, ya que el deudor puede cancelarla pagando la deuda más los intereses y los gastos generados. Por eso, el departamento regional recomienda que, en el caso de pago de la deuda, se le comunique para evitar la publicación de la subasta.