Más de la mitad de las denuncias que recibe la OCU están relacionadas con la ley de dependencia, proceden sobre todo de Madrid y de Valencia. En ellas se estima que son 8 meses de media lo que se está tardando en valorar si una persona es dependiente o no. De este informe también se desprende la diferencia de trato a los dependientes en función de la comunidad en la que vivan.
Además 45 por ciento de los encuestados se queja de retrasos en la valoración del grado de dependencia y la mitad de ellos, el 50 por ciento, de la tardanza en percibir las prestaciones.