El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha precisado en el citado escrito que las palabras del conseller "exceden claramente del normal ejercicio del derecho de defensa que tiene".
Vila afirma en el mensaje en Twitter que recibe la notificación de la jueza de Huesca --que le indica la imposición de una multa y las responsabilidades penales si no cumple las sentencias que le obligan a devolver los bienes de Sijena--, y añade: "Quedo advertido de las responsabilidades penales por cumplir las leyes de mi país".
El abogado esgrime en el documento presentado en el juzgado que "más allá de la crítica a las resoluciones judiciales que protege nuestra Constitución, siempre lícita por agria y desabrida que sea, o de los recursos que quepan contra las mismas, cuando se intenta descalificar a la persona del juez, denigrándolo, haciendo comentarios indecorosos sobre su noble y sacrificado oficio, poniéndolo en descrédito de la misma sociedad a la que sirve con plena objetividad y sometimiento a las leyes, ello pasa a otro plano distinto".
A su entender, "se está acusando" a esta profesional y al secretario del juzgado de "obligar" a Vila a realizar actos "que serían claramente contrarios a las leyes y esto resulta ya inadmisible de todo lugar", especialmente por ser el conseller "una persona con cargo público que está sometido al escrutinio del poder judicial y a respetar sus resoluciones y a no hacer escarnio de ellas".
El abogado de Villanueva de Sijena ha estimado que "la gravedad de estas inauditas declaraciones implican claramente acusar a estos honrados responsables judiciales de dictar resoluciones flagrantemente injustas o de someter al conseller a coacciones indebidas, algo ciertamente inadmisible", y suponen que Vila "no acata las resoluciones judiciales dictadas".
Jorge Español ha remarcado que el mensaje vulnera "de plano" el artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice que las Administraciones públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, así como los particulares, "respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes".