Las dos formaciones también han conseguido el apoyo de la mayoría de las fuerzas para insta al a Cervantes que cumpla con la normativa en cuanto a la retribución de los trienios a funcionarios en servicios especiales.
En concreto, está establecido que los trabajadores públicos recibirán la retribución del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no la que les corresponda como funcionarios y que, excepcionalmente, y cuando las retribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos no pudieran, por causa legal, ser percibidas con cargo a los correspondientes presupuestos, deberán ser retribuidos en tal concepto por el departamento en el que desempeñaban su último puesto de trabajo en situación de servicio activo.
Además, se les computará el tiempo que permanezcan en tal situación, a efectos de ascensos, consolidación de grado personal, trienios y derechos pasivos, así como a efectos del cómputo del período mínimo de servicios efectivos para solicitar el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Entre las propuestas apoyadas, también se encuentra la de llamar al Tribunal de Cuentas a revisar si el Instituto Cervantes cumple con el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en el Registro de Convenios y Acuerdos colectivos de trabajo de ámbito estatal. Una propuesta de la formación morada añade la necesidad de controlar si este organismo ha remitido de forma anual la información relativa a la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
"FRECUENTES RETRASOS" CONTABLES
La comisión también ha apoyado las iniciativas de Unidos Podemos que llaman al organismo a corregir "el frecuente retraso" en el suministro de la información contable a la Sede por parte de sus centros; a entregar el inventario de bienes y derechos que constituyen el patrimonio del Instituto Cervantes y remitirlo a la Dirección General de Patrimonio del Estado; así como ha establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de la normativa interna y evitar las deficiencias de gestión, especialmente en lo relativo a la aplicación CultuWeb y los expedientes de actos culturales, entre otros puntos.
Por su parte, los socialistas, que han conseguido unanimidad en sus propuestas, instan al instituto a llevar a cabo un proceso de evaluación del grado de cumplimiento de sus objetivos y piden al Gobierno que lleve a cabo las actuaciones necesarias con los correspondientes estados para la determinación del estatus jurídico de los centros del Instituto Cervantes en el extranjero, que aún no tienen resuelto este problema.