Según informa la institución en un comunicado, este miércoles envió un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que recordaba que la situación de los derechos humanos en Turquía cambió con el golpe de estado fallido en julio de 2016 y que esta nueva situación debería tenerse en cuenta en todas las fases del procedimiento de extradición de este periodista.
También este miércoles, el Ministerio Fiscal emitió un informe dirigido al Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, en el que afirmaba que no se oponía a que se acordara dicha libertad provisional. La Fiscalía había remitido un informe al Defensor del Pueblo en el que destacaba un pronunciamiento de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, el 11 de marzo de 2016, cuatro meses antes del golpe de estado frustrado, desestimó las alegaciones generales contra la aceptación de entregas extradicionales a Turquía.
Para el Defensor del Pueblo, que también se ha dirigido sobre este asunto a la Secretaría de Estado de Justicia, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos ha cambiado "sustancialmente" desde entonces.
Así, ha insistido en que "estas circunstancias deben ponderarse tanto en la fase gubernativa previa a la decisión sobre la continuidad del procedimiento de extradición como, eventualmente, en la fase gubernativa posterior a una decisión de la Audiencia Nacional".