Bruselas ha remitido un dictamen motivado a España --el segundo y penúltimo paso en un procedimiento de infracción antes de denunciar a un Estado miembro ante el TUE-- por no haber incorporado a su derecho nacional antes del 19 de diciembre de 2015 como marcaba el plazo límite la nueva directiva que data de 2014 para combatir el tráfico ilegal de obras culturales procedentes de otros Estado miembro.
Si en un plazo de dos meses las autoridades españolas no notifican al Ejecutivo comunitario "la transposición plena" de la directiva, podría decidir denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Las nuevas normas, que actualizan una normativa anterior de 1993, pretenden reconciliar el principio de la libertad de bienes en la UE y la protección de los tesoros nacionales y combatir el tráfico ilegal de obras culturales, facilitando su reclamación por los países de los que fueron sustraídos.
Además de España, la Comisión Europea también ha dado dos meses a otros siete países --Francia, Lituania, Polonia, Portugal, Chipre, Finlandia y Rumanía-- para que le notifiquen la transposición de estas normas.