Después de que los Presupuestos Generales del Estado hayan comenzado su andadura Parlamentaria, ahora le toca dar su visto bueno a Bruselas. La Comisión Europea presentará esta semana una "evaluación completa" de los presupuestos de 2012 con el fin de verificar si los ajustes previstos en las cuentas públicas son suficientes o no para rebajar el déficit del 8,5% al 5,3%, tal y como ha acordado el Gobierno con Bruselas.
"La Comisión tiene la intención de presentar una evaluación completa de estos presupuestos esta semana, esperamos recibir todos estos detalles", ha explicado el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj.
El Ejecutivo comunitario quiere recibir también todos los datos sobre los planes de ajuste de las comunidades autónomas, ha señalado el portavoz, "porque el gasto a nivel regional representa una proporción importante del montante global del presupuesto español".
El examen estará concluido "lo antes posible esta semana, pero a condición de que tengamos todos los datos necesarias", ha precisado Altafaj.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó las líneas generales de los presupuestos al resto de socios de la eurozona en el Eurogrupo recibiendo el respaldo de Alemania y Francia. La Comisión celebró que las cuentas ratifiquen el "compromiso inequívoco" del Gobierno con el 5,3%, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) reclamó "legislación de emergencia" para ejecutarlos sin esperar a que concluya la tramitación parlamentaria normal en junio.
Ajuste de 27.300 millones de euros
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha entregado los presupuestos más austeros de la democracia en el Congreso. Montoro ha asegura que están "absolutamente comprometidos" con la corrección del déficit a la baja, por lo que permitirán al país cumplir con el objetivo marcado por la Unión Europea.
El presupuesto para 2012, marcado por el objetivo de reducción del déficit del 8,5 al 5,3%, incluye un nuevo ajuste de 27.300 millones de euros. Este ajuste, el mayor de la democracia, procede de una fuerte reducción del gasto y de una serie de medidas fiscales incluidas en un decreto-ley que acompaña a las cuentas.