Tras el acuerdo de los líderes más importantes del mundo en la cumbre del G20 de reforzar la lucha contra los paraísos fiscales, el gobierno español ha decidido volcarse en este tema. Para ello, ha decidido dedicarse a la prevención del blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas. Para analizar a los posibles responsables, el Ministro de Economía se ha fijado en el colectivo de los políticos.
Este viernes se presentó el anteproyecto de ley de la mano de la directora general del Tesoro, Soledad Núñez. Se trata de la tercera ley para prevenir este tipo de actividades. Como novedad este nuevo texto obliga a poner el foco sobre personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes. También incluye a los familiares más cercanos. Además añade que los políticos que pasen a formar parte de estos ficheros no tienen derecho a saberlo, punto más polémico de la normativa. Contempla todos aquellos delitos de blanqueo de capital y no sólo, como lo hace el actual, los que conllevan penas de prisión de más de tres años.
La razón de esta nueva ley es intentar evitar casos como los conocidos últimamente. Hablamos del 'caso Gürtel' o la 'Operación Malaya'.