La jurisdicción universal de los magistrados españoles en caso de delitos contra la humanidad sigue haciendo que la Audiencia Nacional denuncie posibles actos contra los derechos humanos de los Gobiernos extranjeros, pero también abriendo problemas diplomáticos con otros Estados.
El juez Santiago Pedraz
ha pedido a las autoridades chinas permiso para interrogar en calidad de imputados a tres ministros de este país y a cinco altos cargos del Gobierno acusados de delitos de lesa humanidad por la represión contra la población civil de El Tíbet.
La querella se centra en la represión ejercida por China en El Tíbet a partir del 10 de marzo de 2008, en el marco de las revueltas independentistas que tuvieron lugar en los meses anteriores a la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín. Esta fue presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet.
Pedraz ha cursado así una comisión rogatoria a China solicitando permiso para realizar "in situ" los interrogatorios en el marco de esta querella por los "ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil tibetana".
China no permitiría que pisase su territorio
Un representante de la Embajada de la República Popular China en España ha advertido de que si el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz visita China, "será detenido por injurias" y "tendrá su merecido".
Este representante de la Embajada china en Madrid, que no ha querido identificarse por temor a represalias, ha declarado que España tiene "un problema interno" con los "jueces estrellas", que actúan según su "extremismo ideológico" o su "protagonismo".