En una nota, la asociación asegura que las grandes empresas han vendido sus activos a fondos y eléctricas con quitas cercanas al 35%. Muchos de los grandes proyectos han podido negociar con los bancos o vender los activos al no tener avales personales, y los nuevos titulares han comprado "a precio de saldo", señala.
Esta situación contrasta con la de las cerca de "62.000 familias fotovoltaicas españolas", que están viéndose abocadas a continuas refinanciaciones para no perder ni los activos solares ni los bienes personales que les había exigido la banca como garantía.
Este colectivo, afirma Anpier, "retribuyó a toda la cadena de valor y financió sobre la garantía de un Boletín Oficial del Estado". "Una vez más, son los particulares y las pymes las que están asumiendo estragos normativos arbitrarios, que liberan a las grandes entidades de cargas, mientras quedan a merced de las consecuencias aquellos que mayor grado de compromiso legal y fiscalización soportan", esto es, "las familias y las pequeñas iniciativas empresariales".
Las grandes empresas han podido cerrar acuerdos ventajosos de refinanciación o deshacerse de activos, que están yendo a parar a manos de fondos de inversión o eléctricas tradicionales. De esta forma, ha minorado en gran medida las cargas financieras, con lo que mejoran la rentabilidad y amortiguan los recortes, señala Anpier.
17 AÑOS DE AMORTIZACIÓN.
El presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca, denuncia que, con los recortes de hasta el 50% en la retribución fotovoltaica, "los pagos a la banca se mantienen invariables mientras que los ingresos se volatilizan", lo que obliga a "estirar" los plazos de financiación hasta los 17 años.
Este escenario, afirma la asociación, es "muy diferente del que han encontrado las grandes empresas que, sin garantías personales, en lugar de alargar su hipotecas, se han logrado quitas de manera directa o en el proceso de venta de los activos".
"Una revolución tecnología y social promovida por decenas de miles de españoles, que suponía una gran oportunidad de redistribuir la riqueza energética de la que ahora disponemos, ha quedado truncada", asegura Martínez-Aroca.