El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que las "medidas adoptadas" en el marco del estado de alarma han dado resultado y han conseguido lo que no había sido posible con las "facultades ordinarias" del Ejecutivo ante una situación que ha calificado de "calamidad pública", permitiendo la reapertura "en menos 24 horas" del espacio aéreo, y ha advertido que esta situación no puede volver a repetirse y nadie debe tomar como rehenes de sus reivindicaciones al conjunto de los ciudadanos.
"El Gobierno que presido no dudará en utilizar, sin ignorar requisitos de proporcionalidad, todos los instrumentos del Estado de Derecho para poner fin a situaciones como las que vivimos el pasado fin de semana pasado", ha remarcado.
Así lo ha asegurado durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara Baja para explicar por qué el Gobierno decidió decretar el estado de alarma a raíz del cierre del espacio aéreo por el 'plante' de los controladores, durante la que ha detallado pormenorizadamente la secuencia de acontecimientos que llevó al Gobierno a "agotar sus posibilidades" de actuación mediante medios "menos excepcionales".
Zapatero ha asegurado que el Gobierno se ha esforzado por que la declaración del estado de alarma se ciñera a lo "estrictamente necesario" mediante su limitación a las torres y centros de control de tráfico así como mediante la "expresa salvaguarda" de los derechos de los trabajadores afectados por la movilización.
Incoados más de 400 expedientes
El jefe del Ejecutivo ha señalado que habrá que esperar a la resolución de los 430 expedientes laborales incoados por AENA por motivos laborales y por la Agencia Española de Seguridad Aréa, (AESA) por presuntas infracciones a la ley de seguridad aérea, para saber la gravedad y el alcance de las responsabilidades en que se haya incurrido.
Respecto a las diligencias iniciadas por al Fiscalía, ha explicado que también habrá que esperar, pero el ordenamiento jurídico español ofrece "resortes".
Asimismo ha explicado que la decisión del Gobierno de aprobar una nueva regulación de la jornada laboral de los controladores, incluida en el decreto ley de nuevas medidas económicas, respondió al "riesgo cierto" de que los controladores generalizaran los conflictos iniciados en Santiago de Compostela y Canarias.
Negociaciones con USCA
Además, Zapatero ha revelado que mientras se desarrollaron los acontecimientos en las 24 horas entre la tarde del viernes y el sábado, se llegaron a mantener dos reuniones con el sindicato de controladores, USCA, que fracasaron porque como contrapartida se exigió que se retirara el decreto de organización de trabajo de los controladores aprobado en febrero.
Zapatero ha recordado que dicha norma fue impugnada por los controladores ante la Audiencia Nacional, un recurso rechazado de "manera terminante" a través de una de las "sentencias más contundentes" que se recuerdan, el pasado 10 de mayo, en la que se afirma que la intervención del legislador no sólo era obligada, "sino imprescindible" para corregir una situación "tan calamitosa" que ninguna Administración responsable "debe tolerar".
"Este no tolerar una situación como la que se vivió el fin de semana pasado es lo que ha inspirado la actuación del Gobierno", ha señalado Zapatero, quien ha elogiado el trabajo del ministro de Fomento, José Blanco, en la gestión del conflicto con los controladores. Blanco comparecerá el 14 de diciembre en el Congreso a petición propia.
Rajoy apoya pero pide la retirada "cuanto antes"
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha apoyado a Zapatero en su decisión de declarar el estado de alarma para reabrir el tráfico aéreo en España y poner fin a la crisis provocada por los controladores, si bien ha reclamado que se levante "cuanto antes" porque supone una muestra de "impotencia" gubernamental y sienta un "peligroso precedente".
A su juicio, era un "deber" del Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para reabrir el espacio aéreo porque "no existen más responsables directos que las conductas intolerables de los controladores", a los que advirtió de que no deberían recibir "atenuantes de ninguna clase" por su conducta.
No obstante, Rajoy culpó al Ejecutivo del problema de fondo, dado que las diferencias con los controladores vienen de muchos meses atrás y el Ministerio de Fomento no ha conseguido solucionarlo pese a las negociaciones.
USCA recurre la militarización de los aeropuertos
Mientras, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha indicado que ha presentado dos recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo contra los reales decretos que establecen el estado de alarma y "la militarización" de los servicios civiles de tránsito aéreo.
En un comunicado, USCA señala que sus asesores jurídicos tienen "serias dudas" acerca del procedimiento que ha seguido el Gobierno para dictar estos decretos, así como sobre los fundamentos legales de dichas normas.