El Tribunal de Cuentas ha decidido seguir investigando si hay "responsabilidad contable" en las gestiones realizadas para que el ex presidente del Gobierno José María Aznar consiguiera la medalla de oro del Congreso de Estados Unidos, tras estudiar las alegaciones del Ministerio Fiscal y del abogado del Estado.
Así lo ha comunicado la sección del citado Tribunal encargada de este caso en un auto remitido a las partes en el que explica que seguirá con la tramitación de la denuncia presentada por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez y por la asociación Preeminencia del Derecho "con el fin de que por ésta se proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor" para llevar a cabo la investigación.
Por lo tanto, el tribunal investigará el acuerdo adoptado el 26 de diciembre de 2003 por el Consejo de Ministros, por el que aprobó el gasto de 2,3 millones de euros para suscribir contrato con la empresa de abogados norteamericana "Piper Rudnick". Según la denuncia, se desvió una parte de ese contrato para promocionar la concesión a Aznar de la medalla del Congreso de Estados Unidos, una distinción que finalmente no fue adjudicada.
"Buscaba el interés general"
Tras abrir las diligencias preliminares, el Tribunal de Cuentas trasladó la documentación al Ministerio Fiscal y al abogado del Estado para que formularan sus alegaciones. En las suyas, el Ministerio Fiscal señala que, sin perjuicio de las posibles irregularidades en la forma de contratación a que se referían los denunciantes, "no se dan en los hechos denunciados los requisitos que pudieran determinar responsabilidad contable por alcance a persona alguna".
Es más, considera "perfectamente encuadrable" en el contrato suscrito con la empresa de Estados Unidos la realización de las gestiones para la concesión de la medalla a Aznar "buscándose en las mismas la finalidad de satisfacción del interés público general, independientemente de la satisfacción personal que al señor Aznar le pudiera causar su concesión".
La Abogacía no ve responsabilidad contable
Por su parte, la Abogacía del Estado recuerda que un juzgado de instrucción de Madrid no admitió una querella interpuesta contra Aznar por este mismo asunto al no apreciar la existencia de los delitos de malversación de caudales públicos ni de falsedad.
Excluida la relevancia penal de los hechos, añade que "cualquier defecto de tramitación que pudiera existir en el expediente es ajeno al ámbito de competencias del Tribunal de Cuentas y no determinará, por sí mismo, la exigencia de responsabilidad contable si no existe perjuicio a los caudales públicos". En consecuencia, anuncia que no ejercerá la acción de responsabilidad contable.
El Tribunal continúa la investigación
Pese a la posición expuesta por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, el consejero del Tribunal de Cuentas instructor del caso, Felipe García Ortiz, ha decidido que continúe la investigación porque de los hechos conocidos "no se deriva que se deba excluir, sin más trámite, la hipotética existencia de responsabilidad contable".
Añade que de la documentación que se acompaña a la denuncia "podría deducirse, de forma indiciaria, unas supuestas irregularidades en el procedimiento de contratación" y "una deficiente justificación del contrato".
"Resultaría necesario verificar para comprobar adecuadamente si los servicios efectivamente se prestaron o no, y, si se prestaron finalmente, para aclarar si dichas actuaciones tenían por objeto una finalidad pública debidamente justificada, todo ello puesto en relación con aquellas normas presupuestarias de aplicación del gasto", añade el auto.