El Tribunal Supremo ha aumentado desde 2 a 10 años la inhabilitación impuesta al que fuera juez de familia en Murcia Fernando Ferrín Calamita por retrasar el trámite de adopción de una menor por parte de la esposa de la madre biológica de la pequeña.
También deberá pagar una multa de 620 euros e indemnizar a las perjudicadas con 6.000 euros.
Delito de prevaricación
La sentencia estima parcialmente los recursos interpuestos por la Fiscalía y por las perjudicadas contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que condenó al juez a una pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación por un delito de retardo malicioso en la tramitación del expediente de adopción.
El alto tribunal considera, a instancia de las acusaciones que la actuación del juez constituyó un delito de prevaricación.
Durante la vista celebrada ante el Supremo por este caso el pasado 22 de octubre, el fiscal fundamentó su petición en la existencia de prevaricación en un total de cinco resoluciones dictadas por el juez de Murcia en el expediente de adopción que supusieron "una contradicción grave contra el ordenamiento jurídico".
Entre ellas, la petición de un examen sobre la madre biológica, el nombramiento de un defensor judicial de la niña (requisito no exigido por la ley), o la realización de unas preguntas a la psicóloga del caso, relativas a la conveniencia de que la niña conviviera con dos mujeres, que a juicio de esta parte "revelan una clara condición homófona".