El Rey y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero
, han mantenido su tradicional desayuno con los líderes centroamericanos en el marco de la XIX Cumbre Iberoamericana que arrancó este domingo en Estoril y prevén reunirse también con el presidente brasileño, Luiz Inácio 'Lula' da Silva.
Don Juan Carlos y Zapatero han abordan diversos asuntos de interés mutuo con los presidentes de Costa Rica, Oscar Arias; El Salvador, Mauricio Funes, y Panamá, Ricardo Martinelli, ya que ni el nicaragüense, Daniel Ortega, ni el guatemalteco, Alvaro Colom, asisten a la cumbre.
Tampoco está el depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya, que permanece encerrado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa tras regresar al país en septiembre después del golpe de Estado que le derrocó el 28 de junio pasado.
Tras el desayuno, el Rey y Zapatero asisten a los debates de los líderes iberoamericanos, que van interviniendo por orden alfabético de países. Entre esta primera sesión y el almuerzo, es previsible que bien juntos, bien de forma individual, mantengan alguna entrevista bilateral con alguno de los mandatarios que se han dado cita en Estoril, que ya ha batido un récord histórico de ausencias, con hasta ocho líderes que no están presentes.
Después del almuerzo, los líderes se reúnen a puerta cerrada y sin la compañía de las delegaciones que les acompañan, en una fórmula de trabajo más privada que se instauró en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile de 2007.
Como acordaron este domingo los ministros de Exteriores, Portugal, en calidad de país anfitrión, presenta a los mandatarios un proyecto de declaración sobre las elecciones de Honduras para que comiencen a estudiarlo. Lo cierto es que los líderes iberoamericanos han llegado a Estoril con posiciones enfrentadas sobre la legitimidad de los comicios.
Mientras Panamá, Perú y Costa Rica se han mostrado abiertamente dispuestos, aunque con matices, a reconocer los resultados, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay se sitúan en el extremo opuesto y argumentan que los comicios carecen de legitimidad ya que no se dan las condiciones necesarias para garantizar la transparencia de las votaciones y la libertad de expresión.
España considera que las elecciones no podrán cumplir el papel para el que se pensaron ya que no se producirán en las condiciones que fijaba el acuerdo Tegucigalpa-San José firmado en octubre por Zelaya y el presidente de facto, Roberto Michelleti, que preveía la formación de un gobierno de unidad nacional y establecía que sería el Congreso Nacional el que decidiría si Zelaya debe ser o no restituido.
México
, por su parte, ha dicho que no se pronunciará hasta después de los comicios, mientras que el resto de países de la región se mueve en la ambigüedad o ni siquiera se han pronunciado.