El hecho es más grave aún si se tiene en cuenta que el propio Ejecutivo ya estudió hace más de un mes un anteproyecto de ley audiovisual que contempla las cuestiones ahora reguladas con precipitación. La utilización de la figura jurídica del decreto-ley para un tema no urgente y sobre el que no existe demanda social alguna, desdice de los usos democráticos y es una forma de despojar a los agentes perjudicados (operadores y consumidores) de toda posibilidad de defensa jurídica de sus intereses.
El que la decisión se haya tomado en pleno mes de agosto, aprovechando la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para adoptar medidas contra la crisis económica, añade preocupantes perfiles políticos al arbitrismo gubernamental. PRISA confía en que durante el trámite de control legislativo de este decreto-ley se ponga de relieve en el debate parlamentario el clientelismo del Gobierno en su política audiovisual.
PRISA lamenta que el gobierno de Rodríguez Zapatero incurra en el mismo error que el gobierno de Aznar, cuando en enero de 1997 intentó regular por decreto ley la televisión de pago con las consecuencias que posteriormente se produjeron. En concreto, la condena al Estado por parte del Tribunal Supremo a indemnizar con más de 24 millones de euros a Sogecable.
PRISA ejercitará las acciones que estén a su alcance para defender sus derechos, máxime teniendo en cuenta los precedentes existentes.