Los portavoces parlamentarios del PSOE, José Antonio Alonso, y del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, han mostrado su rechazo a la propuesta del presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, para que los funcionarios que se vayan incorporando a la Administración tengan una "estabilidad laboral similar" a la de los trabajadores de la empresa privada, que pueden ser despedidos.
Ambos portavoces creen que esta posibilidad no cabe en la función pública, ya que la estabilidad laboral de los funcionarios es necesaria para garantizar su "independencia" en el desempeño de una "importantísima tarea" al servicio del interés general.
Tras la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, ambos han coincidido en recalcar que esta medida afectaría a un colectivo muy amplio en el que también se incluyen jueces y profesionales de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que deben mantener un "nivel de inmovilidad" para el desempeño de su labor. Los dos parlamentarios son funcionarios, ya que Alonso es juez en excedencia y Sáenz de Santamaría es abogada del Estado.
"¿Ustedes se imaginan a jueces, policías o guardias civiles elegidos, contratados y despedidos con criterios políticos?", ha señalado Sáenz de Santamaría cuando le han preguntado por la propuesta del también presidente de Mango. Este afirmó ayer que la "independencia va ligada a la permanencia" en el sector público y una empresa privada se rige por criterios "diferentes" en materia de neutralidad.
PP: Reordenar el sector público
En cualquier caso, la dirigente 'popular' ha remarcado que está a favor de "reordenar" el sector público para evitar duplicidades administrativas y la "inflación de cargos públicos elegidos a dedo". También ha defendido los criterios de igualdad de oportunidades, valoración de los méritos en el acceso e independencia de ejercicio en el sector público.
En este sentido, ha señalado que el PP ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2011 en la que rescata su propuesta (rechazada hace unas semanas por el Pleno de la Cámara) para reducir en un 50% el número de empleados eventuales en la Administración del Estado, lo que supondría despedir a 437 trabajadores a cambio de un ahorro de 20 millones de euros.
PSOE: No son necesarios cambios
Por su parte, José Antonio Alonso ha remarcado que la estructura de la función pública en España se remite al siglo XIX y para permitir la "importantísima labor" que desempeñan los funcionarios deben mantener el "nivel de inmovilidad" que mantienen actualmente. "No creo que haya que hacer ningún cambio al respecto, porque ni ahí está el problema ni debe estar ninguna hipotética solución", ha remarcado Alonso.
El secretario general de la CEOE, José María Lacasa, ha destacado que Isak Andic mantiene los derechos adquiridos en cuanto a estabilidad de los actuales funcionarios y de lo que está hablando es de nuevos sistemas de contratación en la administración pública. En cuanto a los sueldos se ha mostrado de acuerdo con que los nuevos funcionarios tengan una retribución variable, ya que eso supone un aumento de la productividad.