El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha insistido en que la renovación del Constitucional es "urgente" y ha subrayado que promoverla "no es poner en cuestión la legitimidad del Tribunal, es arreglar un problema".
"El Gobierno de España defiende la legitimidad del Constitucional y respeta sus decisiones, pero la cuestión es si estamos o no de acuerdo con la renovación, si hay o no razones que la justifiquen", ha declarado ante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, donde poco antes el presidente catalán, José Montilla, ha incidido en que el TC debe renovarse porque su "legitimidad moral" está "erosionada".
Chaves ha valorado que, durante el debate, los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP dijeran estar de acuerdo con este objetivo de renovar el alto tribunal. "Eso no ha sido siempre así en los últimos días y semanas y a las declaraciones de sus dirigente me remito", ha dicho.
El PSOE pone en marcha los mecanismos
Así, la portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, ha asegurado que su partido va a hacer todo lo posible, desde la responsabilidad, para que "más pronto que tarde" se pueda renovar el Tribunal Constitucional (TC).
Así lo ha explicado en una rueda de prensa tras la comparecencia de Montilla. El PSOE en el Senado pedirá mañana en la Junta de Portavoces que se inicie el procedimiento para la renovación del TC y que se convoque la Comisión de Nombramientos para elevar cuatro nombres al pleno de la Cámara Alta en el plazo de tiempo más breve posible, ha precisado la portavoz socialista.
Silva ha apostado por recuperar la normalidad que nunca debió haber perdido el Tribunal Constitucional, debido a "una estrategia clara y bien definida del PP de bloqueo" de esa institución tan relevante en España.
Silva ha señalado que el PSOE hará lo que haya que hacer para promover la renovación del Tribunal Constitucional porque no va a permitir ni un segundo más que se pueda dañar la imagen del TC.
Además, la portavoz socialista ha hecho un llamamiento al PP para que se siente, reflexione y facilite la renovación del Constitucional por "responsabilidad", tras criticar a la formación liderada por Mariano Rajoy por haber incumplido el espíritu de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
El PP no se opone a la renovación
Como respuesta, la secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, ha indicado que su partido no se opondrá a los intentos de renovación de los socialistas, pero ha hecho hincapié en señalar que si el PSOE constata ahora esta pretensión, es porque reconoce que fue él el causante del bloqueo.
La número dos del PP ha advertido al PSOE que no busque ahora una nueva composición del Tribunal Constitucional (TC) para hacerlo "ad hoc" para el Estatuto catalán, pues en caso contrario estaría incurriendo en una actuación "pésima para la democracia española".
En la conferencia de prensa posterior al Comité de Dirección del partido, Cospedal ha dejado claro que ni su partido ni los Parlamentos autonómicos que controla el PP cambiarán los nombres que propuso en su momento para cubrir dos de las cuatro vacantes que corresponden al Senado: Francisco José Hernando y Enrique López. Por ello, según sus palabras, los populares demuestran que no han variado de posición, algo que sí hace el PSOE.
Montilla exige la renovación
El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, ha exigido la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato lleva caducado más de dos años y lograr así desbloquear la sentencia sobre el Estatut.
Montilla ha pedido en el Senado respeto a Cataluña y ha dicho que la situación actual fruto de la no renovación del Constitucional pone en riesgo el pacto constitucional y las relaciones institucionales, políticas y afectivas de su comunidad con España.
En su comparecencia, a petición propia, Montilla ha afirmado que el Tribunal Constitucional está deslegitimado moralmente, aunque no legalmente, ya que está facultado para ejercer su función.
En su intervención, la mayor parte de la cual ha sido en catalán aunque ha usado también el castellano, el gallego y el euskera, ha asegurado que su exigencia parte de la lealtad constitucional y de la norma de conducta que se ha impuesto: la serenidad.
"No tengo la más mínima intención de ir ni un milímetro más allá de la Constitución ni tampoco de quedarme ni un milímetro antes del Estatut", ha apostillado.