Un artefacto incendiario ha hecho explosión en la estación de metro de Aiboa, en la localidad vizcaína de Getxo, y ha provocado daños materiales en las instalaciones. Fuentes policiales han confirmado que los atacantes habían rociado de gasolina primero, e incendiado después, las máquinas expendedoras de billetes y la oficina del supervisor de la estación que en el momento del incidente se encontraba cerrada al público.
Horas antes, tres encapuchados prendían fuego a un autobús tras obligar a bajar al conductor y dos pasajeros, en la localidad de Markina, también en Vizcaya. El vehículo ha quedado totalmente calcinado. Las llamas también han provocado graves daños a dos vehículos que estaban estacionados en la zona.
Prohibidos dos homenajes
Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha prohibido dos actos convocados para este viernes y sábado en homenaje al preso etarra Iñaki Gonzalo Casal "Kitxu" en Algorta (Vizcaya) y a los fallecidos Joxe Etxeberria Sagastume "Beltza" y Jon Pagazaurtundua Isusi en la localidad vizcaína de Getxo.
En un auto, Grande-Marlaska atiende así a la petición de la asociación Dignidad y Justicia, al considerar que constituyen un acto de homenaje y exaltación "al currículo delictivo" de los etarras, "así como de la lucha armada promovida por ETA".
Prisión para 11 miembros de Segi
Anoche, el juez Grande-Marlaska envió a prisión a 11 jóvenes a los que acusa de pertenecer a Segi y dejó en libertad a otros dos.
Este viernes, continuará los interrogatorios con los otros 21 jóvenes que fueron detenidos en la madrugada del pasado martes en la macro-operación contra la organización juvenil 'abertzal'e, considerada la "cantera" de la banda terrorista ETA.
Los dos jóvenes a los que el magistrado ha dejado en libertad son Oihane Fernández Iturri y Raúl Iriarte Rodrigo, detenidos en Navarra. A ambos el juez les atribuye el delito de colaboración terrorista y les impone comparecencias semanales, la prohibición de salir de España y que comuniquen su domicilio.
El fiscal Luis Barroso había solicitado prisión incondicional para los trece detenidos, a los que acusa de pertenencia o colaboración con la organización juvenil vinculada al entorno de ETA, declarada terrorista por el Tribunal Supremo el 19 de enero de 2007 al considerarla seguidora de las también ilegalizadas Haika y Jarrai.