La Policía sospecha que la etarra entregada la semana pasada por Francia, Maite Aranalde, podría encontrarse huída desde el pasado domingo. Las primeras sospechas de las fuerzas de seguridad apuntan por tanto a la posibilidad de que Aranalde podría llevar tres días fuera de su localidad de la que habría salido ayudada por el entorno proetarra.
El pasado domingo, los vecinos de su localidad natal de Ibarra, en Guipúzcoa, celebraron una manifestación de protesta contra la prohibición de la Audiencia Nacional de rendirle homenaje, al que la propia terrorista no acudió.
Al parecer, la motivación principal de la fuga responde al convencimiento del entorno de la terrorista de que el juez Garzón rectificaría a su vuelta de las vacaciones el auto dictado anteriormente por su compañero y sustituto en esta causa Eloy Velasco.
En busca y captura
Este martes, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, dictaba una orden de busca y captura contra la etarra Maite Aranalde, después de que no cumplir con la comparecencia semanal ante el Juzgado que se le había impuesto. Aranalde se encontraba en libertad tras pagar una fianza de 12.000 euros el pasado jueves, después de ser extraditada por Francia.
No obstante, el juez Eloy Velasco le impuso como medidas cautelares la obligación de comparecer semanalmente en la comisaría más próxima a su domicilio, la retirada de pasaporte y la prohibición de abandonar España.
La Audiencia Nacional se vio impedida a adoptar la prisión incondicional que solicitaba la Fiscalía debido a que, entre la información aportada por Francia, no se incluía su participación en un múltiple atentado sin víctimas en 2004.
Condena en Francia
Aranalde fue detenida hace cuatro años en Francia, donde fue condenada por asociación de malhechores (integración en organización terrorista).
Una vez cumplida su condena, ha sido entregada de manera definitiva a España, donde la Audiencia Nacional la reclamaba por delitos de tenencia de explosivos y estragos terroristas por su supuesta colaboración en la colocación de varios explosivos en distintas gasolineras en diciembre de 2004. España había remitido al país galo las correspondientes Órdenes Europeas de Detención.