El Gobierno andaluz ha aprobado el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma pionera en España que regula los derechos de pacientes y deberes de los profesionales sanitarios de los centros públicos y privados.
La futura ley, cuya aprobación es segura gracias a la mayoría absoluta del PSOE en Andalucía, regula el "abanico de posibilidades" clínicas para garantizar una muerte diga y minimizar los procesos agónicos.
Por ejemplo la limitación del esfuerzo terapéutico, que permite a un paciente no recibir tratamientos artificiales para seguir con vida, o el rechazo al tratamiento, que le faculta a desconectarse de sistemas artificiales.
La inspiración, en el 'caso Severo Ochoa'
Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Salud, María Jesús Montero, la norma, aprobada con un "gran consenso" social, tiene como "inspiración" casos como el de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) o el de la enferma granadina Inmaculada Echevarría, quien pidió ser desconectada del respirador artificial.
El texto no regulará la eutanasia
(acto para provocar la muerte) ni el suicidio asistido (ayuda a la muerte de una persona, como ocurrió con el tetrapléjico Ramón Sampedro) pues son figuras tipificadas en el Código Penal sobre las que no puede legislar un gobierno autonómico.
Montero ha destacado que la norma no sólo persigue "salvaguardar la libertad y el respeto" a la voluntad de la persona, sino también "respaldar y garantizar" la labor de los profesionales sanitarios en este tipo de situaciones.
Otros derechos
Entre los derechos reconocidos se encuentra el recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico o rechazar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.
La norma contempla además el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa integrales, que serán proporcionados, si la persona lo desea, en su domicilio siempre que no estén contraindicados.
La intimidad personal y familiar de la persona y la protección de todos los datos relacionados con su proceso de atención sanitaria también estarán garantizadas, ya que el ciudadano podrá estar acompañado por su familia durante el proceso de la muerte.