El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que hará "más fácil y barato" abrir un comercio minorista en España. Es así porque elimina con carácter general las autorizaciones administrativas y simplifica los trámites, según afirmó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
De la Vega ha explicado que la modificación responde al propósito de adaptar la normativa a los objetivos que establece la Directiva Europea de Servicios en el mercado interior, que "impone la eliminación de trabas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios". Además ha destacado de este proyecto de ley que cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado, la eliminación de la inscripción obligatoria del inicio de la actividad en los registros de ventas a distancia y de franquiciadores y la clarificación de la venta ambulante.
Con esta ley, el Gobierno "continúa liberalizando el sector servicios, se garantiza el equilibrio entre diferentes modelos comerciales y se satisfacen las necesidades de los consumidores, es decir, de todos los ciudadanos", ha remarcado la vicepresidenta.
Posibles sanciones
En los casos en que España pudiera ser sancionada en un procedimiento de infracción europeo cuyo origen esté en la legislación autonómica de comercio, las eventuales sanciones se trasladarán a la comunidad autónoma que corresponda.
Entre las modificaciones más relevantes, el departamento de Miguel Sebastián ha destacado la eliminación de la obligatoriedad de la licencia comercial, aunque se podrá establecer un régimen de autorización "justificándolo debidamente", y la supresión de los criterios económicos, "restrictivos de la competencia".
El único "aspecto relevante" será el impacto medioambiental, urbanístico o sobre el patrimonio histórico-artístico que genere el establecimiento. Esto sin tener en cuenta la superficie o el formato, puesto que se suprime la definición de gran establecimiento comercial, "evitándose con ello un trato discriminatorio a los distintos formatos comerciales".
Y es que la Ley de Comercio Minorista ha sido modificada desde su aprobación hasta en siete ocasiones, con el fin de adecuar su contenido al "constante proceso de globalización de la economía" y a la necesidad de que la regulación en este ámbito se adapte a la realidad de los mercados.