El Gobierno y los agentes sociales seguirán manteniendo contactos en los próximos días para intentar lograr el acuerdo en torno al diálogo social que ha sido imposible conseguir en las reuniones entre representantes del Ejecutivo, de los empresarios y de los sindicatos de este pasado miércoles. Durante la cena mantenida en el Palacio de la Moncloa entre el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los máximos responsables de CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO., todos parecieron estar dispuestos a seguir negociando, aunque no hubo una postura común.
Y es que el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha advertido este jueves de que si no hay acuerdo en la mesa de diálogo social, el Gobierno "tomará cuantas medidas sean precisas para gobernar en interés general de los ciudadanos". Corbacho ha dejado claro que el Ejecutivo "sigue apostando" por el diálogo, pero que no daría a los empresarios una rebaja que pusiera en peligro la viabilidad del sistema de pensiones a sus más de 8 millones de beneficiarios.
En todo caso, el ministro ha indicado que habrá que esperar a conocer el documento que está elaborando la patronal y que tiene previsto remitir este jueves al Gobierno. De hecho, se espera una nueva propuesta. En principio, parecía imposible que la CEOE fuera a reducir su exigencia de rebaja de las cotizaciones sociales fijada en 5 puntos, pero su vicepresidente, Arturo Fernández, ha asegurado esta mañana que los empresarios podrían rebajarla a 2,5 ó 3 puntos. Parece que la patronal ha reaccionado a las afirmaciones de los sindicatos que tras la cena les acusaban de haber "boicoteado" y "torpedeado" el diálogo social.
A lo largo de las reuniones mantenidas durante la tarde de este pasado miércoles, para la CEOE seguía siendo "esencial" esa la rebaja de 5 puntos. Dato que dista mucho del 1,5 propuesto por el Gobierno. Este ha sido durante dos meses, la clave de la discordia y el bloqueo.
Tampoco coinciden sobre la protección de los parados
No existe tampoco un acuerdo sobre la protección a los parados que han agotado su prestación por desempleo y carecen de rentas. En el tercer borrado propuesto por el Gobierno, el 20 de julio, propone que cobren 420 euros al mes durante seis meses, período que, según la situación económica, sería prorrogable otros seis meses y para "nuevos destinatarios".
Los sindicatos quieren que esa cobertura alcance el año, mientras que los empresarios piden que no se convierta en un subsidio, algo que pretende evitar el Gobierno ligándolo a formación.