Según el borrador del decreto con la reforma laboral que el Gobierno ha remitido a los agentes sociales, a partir del 1 de enero de 2012 todos los contratos indefinidos que se firmen contarán con un fondo de capitalización de los trabajadores. Las aportaciones al fondo, que se mantendrá durante toda la vida laboral del trabajador, las hará el empresario por cada empleado.
El texto no detalla aún cuántos días de salario por año trabajado se tendrán que abonar por cada empleado. Las indemnizaciones por despido que tenga que pagar un empresario excluirán las aportaciones que sobre el trabajador en cuestión haya hecho previamente al fondo.
El trabajador podrá hacer efectivo el abono de las cantidades que acumule a su favor en los supuestos de despido, de movilidad geográfica o para actividades de formación. La parte que el trabajador no haga efectiva en el momento de producirse estos supuestos será percibida cuando se jubile. Según el futuro decreto, el Gobierno tiene un año para, previa consulta a los agentes sociales, regular la constitución de este fondo.
Despidos por medio año de pérdidas
Las empresas con pérdidas durante seis meses podrán hacer despidos individuales o colectivos de manera procedente, con 20 días de indemnización, de acuerdo con una propuesta de la patronal que al Gobierno le parece bien y quiere negociar con los grupos parlamentarios, según fuentes del Ejecutivo.
Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que hoy ha abordado el documento de reforma laboral que se ha entregado a los agentes sociales, fuentes de Moncloa añadieron que "habrá que acotar las pérdidas, el tiempo de las mismas y el concepto".
No obstante, indicaron que "lo razonable" es que las pérdidas económicas que pueda objetar una empresa para despedir por causas objetivas se atribuyan a las empresas y no a los centros de trabajo, puesto que "no es lo mismo".
Durante la conferencia de prensa, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha avanzado también que en el documento del Gobierno se incluye que los contratos por obra tengan un máximo de dos años ampliable a tres.
El Ejecutivo ha optado por esta última posibilidad, al mismo tiempo que apuesta por aumentar la indemnización de despido de 8 a 12 días en los contratos temporales. Al respecto, fuentes de Moncloa han destacado que la propuesta es que el incremento de estas indemnizaciones se posponga a 2011 y no sea efectiva este año.
Corbacho también ha explicado que el Gobierno ha optado por aplicar la "máxima extensión posible" del uso del contrato de fomento del empleo, porque dará "certeza al empresario" y "garantías al trabajador".
Dos objetivos
Para el ministro, la reforma laboral que aprobará el Gobierno en cinco días se basará en dos objetivos: mejorar la flexibilidad laboral y acabar con la dualidad del mercado de trabajo.
Ha rechazado la tesis de que flexibilidad sea lo mismo que precariedad, y ha asegurado que supone el paso necesario para "conseguir seguridad y mantener puestos de trabajo".
En este sentido ha confirmado que se implantará el modelo alemán para reducir la jornada laboral entre el 10 por ciento y el 70 por ciento, porcentaje "suficiente para ajustar por horas la producción de una empresa".
En relación, con posibles cambios en la Negociación Colectiva, fuentes del ministerio han descartado que el futuro decreto ley contemple el "descuelgue" del Acuerdo firmado por patronal y sindicatos en febrero pasado y consideraron que lo que sí incluirá es la creación de una Comisión de Arbitraje para resolver discrepancias relacionadas con los salarios, los horarios o la organización de la empresa.
De esta forma, han especificado que si la dirección de una empresa y el comité de trabajadores no llegan a un acuerdo en un plazo de 15 días, sería una Comisión de Arbitraje, representada a partes iguales, la que decidiría en 10 días con un laudo que sería recurrible judicialmente.
El Ejecutivo reconoce que este arbitraje es un "gran avance".
Asimismo, señala que en el nuevo documento no se especifican todas sentencias del Tribunal Supremo, que han creado doctrina, respecto a despidos por causas objetivos, pero sí contempla "algunas de las últimas" con el fin de "tomar definiciones" y "conceptos".
Sobre la disposición del Gobierno a pagar, con cargo al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), ocho días del coste total de los despidos objetivos de todos los contratos de fomento del empleo, ya sean procedentes o improcedentes e individuales o colectivos, fuentes gubernamentales han descartado que el documento no propone el pago cuando los despidos son disciplinarios.
Precisamente, sobre el FOGASA las mismas fuentes han indicado que este modelo propuesto "no es el definitivo" sino que estaría activo en torno a un año o un año y medio para posteriormente modificarlo y adoptar el llamado "modelo austriaco