El Gobierno ha presentado a los agentes sociales su propuesta de reforma del mercado laboral, con la intención de exprimir hasta el final todas las posibilidades de llegar a un consenso.
Y en esta dirección se mueve la solución planteada por el Ejecutivo al punto que ha provocado las mayores fricciones entre sindicatos y patronal: el abaratamiento del despido. Por eso, el Gobierno ha buscado una fórmula para que cesar a un trabajador suponga un menor coste para el empresario que le contrata, pero no repercuta en la indemnización que vaya a cobrar.
Este retruécano se consigue a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que pagará 8 días de indemnización para todos los despidos ordinarios. Por ejemplo, para un despido con 33 días por año, el empresario pagaría sólo 25 días y el Estado, a través del Fogasa, los 8 restantes. Y así para todos los tipos de despido.
Mayores facilidades en el despido
El texto contempla otras medidas básicas, como la de ampliar a dos supuestos más el contrato con 33 días de indemnización, un despido más barato del habitual de 45. Los empresarios podrán utilizar este tipo de despido en el caso de personas que lleven más de tres meses en el paro y cuando se haga fijo a un temporal.
La propuesta plantea también hacer mas fácil que el contratador acuda al despido objetivo, aquel que se aplica cuando la empresa tiene problemas económicos, y que sólo tiene 20 días de indemnización. Bastará con que justifique sus problemas ante el juzgado. El juez se limitará a comprobar que la documentación es correcta, pero no podrá decidir sobre el despido. Este es el aspecto que más dificulta el acuerdo sindical.
Por último, el Gobierno pretende incentivar la contratación indefinida penalizando la temporal. Gran parte de los contratos temporales pagarán 2 puntos más de cotización y otros tendrán una indemnización superior a la actual. También se creara un fondo que en el futuro se hará cargo de pagar las indemnizaciones por despido. El primer año será el Estado el que aporte el dinero.