El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros una Oferta Pública de Empleo para 2010 de 1.989 plazas, un 86,8 por ciento menos que en 2009. De esas plazas, 781 son en la Administración General del Estado, 454 en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 754 en las Fuerzas Armadas.
Además en la Administración de Justicia se han autorizado 2.030 plazas, de las que 1.326 son en las comunidades autónomas con competencias en la materia y 704 en el Ministerio de Justicia.
Estos datos suponen que para 2010 la tasa de reposición sea del 10 por ciento, es decir, que de cada 100 funcionarios que causen baja, sólo se contratará a 10.
Un ahorro de 280 millones
Según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la totalidad de Oferta de Empleo Público para 2010 se traduce en un ahorro de 280 millones de euros respecto a 2009 y se enmarca dentro del plan del Ejecutivo de reducir en un 4 por ciento los costes de personal hasta 2013.
Para la vicepresidenta primera la Oferta Pública de Empleo se adapta y se adecúa a la actual coyuntura económica, ya que cumple con el Plan de Austeridad y contención del gasto del Gobierno, y "salvaguarda" el "objetivo primordial" de dar la mejor atención al ciudadano.
Otras de las características de la oferta que ha destacado De la Vega es que conlleva la "contención" de la contratación temporal y el fomento de la movilidad. Además, por primera vez, se incluye un turno diferenciado para discapacitados intelectuales con objeto de dar a este colectivo una oportunidad "real" en el acceso al empleo público.
Los sindicatos se oponen
Como respuesta, la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO advierte de que el recorte puede "poner en peligro" la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.
En su opinión, el que no se cubran "convenientemente" las vacantes que se produzcan en la Administración irá en perjuicio de los ciudadanos e impedirá a los organismos públicos cumplir sus objetivos. Al respecto, la FSC de CCOO dice que estudiará "posibles medidas", que no concreta, para garantizar el empleo en las administraciones públicas.
Aún falta la de las Comunidades
Por su parte, el secretario general de la Función de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Julio Lacuerda, considera "insuficiente" la Oferta Pública de Empleo estatal. Sin embargo, recuerda que no es la única, ya que también hay que tener en cuenta las de las comunidades autónomas.
Lacuerda ha explicado que en la del Estado no se contempla las plazas que las comunidades convocarán en servicios esenciales que tienen transferidos, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Tal y como ha remarcado, la Administración General del Estado es la que menos funcionarios y competencias tiene actualmente, en comparación con las comunidades autónomas.