El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley que modifica la Ley de Navegación Aérea para reconocer el derecho de los afectados por el ruido de los aviones a ser resarcidos por los daños y perjuicios que sufren y garantizar a la vez el futuro de las infraestructuras aeroportuarias.
Según ha informado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la finalidad de esta reforma "es doble: proteger adecuadamente a los ciudadanos que viven en poblaciones afectadas por el ruido de los aviones y salvaguardar los intereses del conjunto de los ciudadanos que utilizan los servicios aeroportuarios".
De la Vega se ha referido específicamente al aeropuerto de Madrid-Barajas, del que ha dicho que "es un gran motor" económico y que la reducción de los vuelos por causa de las molestias que generan podría afectar a cerca de 125.000 y causaría perdidas "en torno a los 1.100 millones de euros de forma inmediata y de unos 3.000 millones a medio y largo plazo".
"Con el objetivo de conciliar todos los intereses legítimos que confluyen en este tema, el proyecto de ley pone encima de la mesa una serie de actuaciones en el aeropuerto obligando a AENA a realizar un plan de acción y otras medidas en las viviendas de los ciudadanos afectados que amortigüen las molestias que les causa el ruido" ha afirmado De la Vega.
Insonorizar y pagar
Este Proyecto adapta la Ley de Navegación Aérea a la más reciente normativa internacional y comunitaria en esta materia, y responde a la doctrina marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la 35º Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
En cuanto a las obligaciones del Estado, con esta reforma se incluirá garantizar que en las poblaciones circundantes a los aeropuertos se respeten los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa estatal.