La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este martes permitir que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón pueda dar explicaciones y presentar alegaciones antes de que se inicien los trámites para estudiar su suspensión cautelar en relación con las dos causas abiertas contra el magistrado en el Tribunal Supremo.
Los vocales del CGPJ decidieron por unanimidad dar diez días de plazo a Garzón para que pueda presentar alegaciones, según han informado fuentes del máximo órgano de Gobierno de los jueces.
A pesar de que el Consejo no suele conceder audiencia a los magistrados a los que abre un expediente disciplinario, la Ley de Procedimiento Administrativo contempla esta posibilidad, de modo que antes de decidir sobre su eventual suspensión cautelar los vocales podrían valorar sus argumentos, y no sólo los de la Fiscalía, a la que ya se ha solicitado informe.
Apoyo no le falta
Cerca de 300 profesionales del Derecho han expresado su solidaridad con el juez Baltasar Garzón ante la causa abierta por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y han considerado que la acusación de prevaricación sólo puede venir desde la "malevolencia" o las razones políticas.
En un manifiesto, los firmantes se muestran convencidos de que la actuación de Garzón "ha estado siempre guiada desde la preocupación por el destino de las víctimas y lejos de una conciencia de actuar injustamente".
Por otra parte, el Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) ha puesto de manifiesto su "profunda" preocupación por la posibilidad de que la causa contra Garzón pueda suponer la paralización de las actuaciones de toda índole "que tratan de investigar y reparar los crímenes contra la humanidad instigados, cometidos y encubiertos desde el poder político tras la guerra civil española".
Por ello, y desde el respeto a la actuación e independencia de los tribunales de Justicia y al desarrollo de la causa respeto a Garzón, el Sisej ha manifestado en un comunicado su oposición a que se instrumentalice el proceso penal para impedir la investigación sobre ese asunto, que califica de "asignatura pendiente".