El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha citado para el miércoles por la tarde al jefe del equipo de investigación del supuesto chivatazo que impidió en 2006 desarrollar una operación contra el aparato de extorsión de ETA y a otros dos agentes del operativo, tal y como ayer le ordenó la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, en un auto en el que le instaba a "agotar al máximo la investigación".
Garzón, que comenzará de esta forma a practicar las nuevas pruebas que habían solicitado Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), tomará declaración al responsable director de la investigación y autor principal del informe incriminatorio, Carlos G., y a dos funcionarios del Grupo VIII de la Brigada Provincial de la Investigación a los que la Sala identifica con los nombres de 'Unai' y 'Sugoi'.
Según han informado fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha notificado una providencia en la que pide al Cuerpo Nacional de Policía que aporte los datos de la cabina situada junto al bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), donde se produjeron los hechos, si estaba intervenida y si consta alguna llamada del propietario del local, Joseba Elosúa.
Además, el magistrado solicita la transcripción de las llamadas de la cabina al objeto de conocer si Elosúa tuvo alguna conversación con el etarra José Antonio Cau, al que se considera enlace de la banda para el cobro del 'impuesto revolucionario'.
A la vista de estas pruebas, el juez cursará una comisión rogatoria a Francia para solicitar un análisis del tráfico de las llamadas que se produjeron los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006, en los que estaba prevista la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA, y pedirle copia de estas actuaciones.
En esta resolución el magistrado tiene previsto preguntar a las autoridades francesas si el motivo de la suspensión de la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA estuvo motivado por una filtración policial a las personas que estaban siendo investigadas.
Delito con una "gravedad sin precedentes"
En el auto dictado ayer, el tribunal estima que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secreto y de colaboración con banda armada, por lo que, "de ser realizados por miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adquieren una gravedad sin precedentes en la lucha contra el terrorismo en España".
Nueva línea de investigación
No obstante, los magistrados superiores a Garzón creen que el juez debería haber tenido en cuenta "una nueva línea de investigación", ya que el propio Elosúa señaló en su declaración que quien le llamó era la persona que "controla directamente a los cuatro o cinco policías que le hacen seguimientos", lo cual, según el tribunal, "descarta a todos los hasta ahora imputados y parece apuntar en otra dirección". "Parece que el círculo de posibles autores, como ya se ha supuesto, está y debe estar dentro del grupo de funcionarios policiales que, por una u otra razón, bien directamente o indirectamente, tenían conocimiento de la operación que se iba a realizar", señala el auto de la Sala.
A su juicio, "la importancia de este dato no puede minusvalorarse" porque, el hecho de que la operación fuera conocidos por otras personas además de los imputados, conlleva que "habría que investigar en otro círculo de funcionarios". En esta línea, destaca que la naturaleza de estos hechos "aconseja un especial celo y diligencia en su investigación más allá de toda duda y un agotamiento más de lo normal o de lo usual".