Expediente sancionador a las eléctricas por "prácticas anticompetitivas"

CNN+/Cuatro 25/06/2009 13:46

La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia ha abierto de nuevo un expediente contra las cinco grandes eléctricas que operan en España. Endesa, Iberdrola, HC Energía, Unión Fenosa y E.ON serán sancionadas por negar información a las distribuidoras. Al parecer, estas prácticas podrían consistir en la suspensión temporal a terceros, por parte de las distribuidoras de estos grupos empresariales, del acceso telemático a los datos necesarios para gestionar el cambio de compañía suministradora de los consumidores finales.

El organismo presidido por Luis Berenguer ha advertido de que estas prácticas "anticompetitivas" se producen en un momento "crítico" del proceso de liberalización de tarifas. Además, considera que podrían "estar interfiriendo" en este proceso y, en concreto, en el traspaso de clientes como PYMES del sistema regulado al mercado libre.

A partir del 1 de julio, los clientes con consumos inferiores a 10 kilovatios (kW) podrán elegir entre un suministro de último recurso por parte de una de las cinco comercializadoras designadas por el Gobierno, que son precisamente a las que la Competencia ha abierto el expediente, y el suministro de una comercializadora en el mercado libre.

Medidas cautelares

De forma adicional al expediente, la Dirección de Investigación ha propuesto que se adopten medidas cautelares para obligar a las empresas afectadas a restablecer el acceso telemático a la base de datos de las distribuidoras y garantizar a las comercializadoras la gestión del traspaso de clientes.

Las prácticas investigadas se producen apenas dos meses después de que el consejo de Competencia sancionara a estas mismas compañías por prácticas similares encaminadas a obstaculizar el acceso de comercializadoras al mercado de suministro de electricidad.

El organismo informa de que la incoación del expediente no permite prejuzgar el final de la investigación y de que se abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción y resolución del caso.